El objetivo principal de la nueva iniciativa de ELA es «reducir los 40.000 accidentes anuales en las empresas vascas» y para lograrlo confía en la especialización y la innovación jurídica como herramientas para que «a las compañías les salga más caro un siniestro o una enfermedad que las medidas para evitarlos».

Como han indicado este miércoles en rueda de prensa Amaia Aierbe, responsable de los Servicios Jurídicos de ELA, y David Pena, abogado de Bidelagun, «más de 50 personas mueren cada año en accidentes de trabajo en Hego Euskal Herria; además, por cada una de esas muertes se producen otros 35 fallecimientos por enfermedades profesionales».

Aunque se trata de una cifra «inaceptable», a juicio de este sindicato «no provoca la suficiente alarma en el mundo de la empresa». «Queda claro que las empresas solo empezarán a preocuparse por la prevención cuando les salga más caro un accidente que las medidas para evitarlo», han insistido durante la comparencia ante los medios.

Para obtener resultados «efectivos» en salud laboral mediante la formación y las indemnizaciones, ELA ha puesto en marcha Bidelagun Fundazioa, que tendrá su sede principal en Durango, desde donde atenderá los casos de todo Hego Euskal Herria.

Sanciones sin necesidad de que haya accidentes

Esta entidad ha sido creada tras «comprobar que la especialización en salud laboral permite innovar, abrir nuevas vías y obtener logros para elevar el nivel en la defensa del derecho a la vida y a la integridad física».

En ese marco se inscriben la solicitud de medidas cautelares durante la pandemia realizadas por ELA; los «éxitos jurídicos» contra el sílice y el amianto; o las indemnizaciones logradas a título preventivo cuando las empresas generan riesgos.

Han citado como «casos relevantes» las medidas cautelares tomadas por el TSPJV contra Osakidetza al inicio de la pandemia, que obligaron a suministrar «con carácter urgente e inmediato mascarillas FFP2 y FPP3» a todo el personal afectado.

Han destacado también la indemnización obtenida frente a la empresa Imanol Lasa, subcontrata de Metro Donostia, que ha debido abonar 20.000 euros a personas de su plantilla por obligarles a trabajar con riesgo para su salud, al haber conducido camiones con exceso de peso y la ITV desfavorable.

«Hemos conseguido pasar a otro nivel de prevención –ha resaltado Pena–, obteniendo sanciones sin necesidad de que se haya producido ningún accidente, lo que nos abre la puerta a solicitar indemnizaciones disuasorias para que las empresas se tomen en serio la salud de las personas empleadas».