EH Bildu y ERC han elaborado un ‘Plan de choque para la protección de la ciudadanía’ ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, en el que recogen medidas energéticas, económicas, sociales, laborales y fiscales.

Entre las medidas laborales destacan una «obligación excepcional de revalorización de los salarios» de al menos el IPC o la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) con la inflación del primer semestre del año, que se aplicaría en junio con carácter retroactivo.

También plantean aumentar de forma excepcional las pensiones con el IPC del primer semestre, una cuantía que se abonaría en un ‘paguilla’ en julio, e incrementar en un 7,6% el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que se utiliza para dar acceso a numerosas ayudas.

Asimismo, piden reactivar el escudo social implementado durante la pandemia, facilitar el acceso al ingreso mínimo vital –aumentando un 20% el umbral de renta que permite recibirlo– e incrementar su cuantía en al menos un 12%.

Un «bono carburante»

Otras propuestas pasan por aumentar el límite de renta para acceder al bono social eléctrico o poner en marcha un «bono carburante» para colectivos vulnerables y sectores dependientes de este tipo de energía, así como aplicar un descuento temporal de 20 céntimos por litro de gasolina o diésel.

Junto a ello, defienden establecer un límite máximo al mercado mayorista de electricidad, bajar el IVA del gas al 10% para consumidores vulnerables, crear un impuesto especial del 12% sobre el beneficio de las empresas energéticas, otro temporal para la banca y aplicar un tipo efectivo del 15% sobre el beneficio en el Impuesto sobre Sociedades.