Oiartzun hace justicia y memoria estos días respecto a su médico, Esteban Muruetagoiena, muerto hace cuatro décadas a consecuencia de la tortura. Un caso muy duro y demasiado silenciado precisamente por eso, como indicaba su hija Tamara el jueves en Radio Euskadi recordando el ejemplo familiar. Una crudeza agudizada por la impunidad posterior y que hace que en 2022, pese a la incipiente implicación institucional, siga habiendo muchas víctimas que no pueden contarlo.

De ello se ha hablado este viernes tarde en el Salón de Plenos municipal, donde el forense Paco Etxeberria, al frente del equipo del Instituto Vasco de Criminología que realizó el informe para Lakua, ha detallado que «en la CAV tenemos más 4.000 personas torturadas y en Nafarroa no ha empezado el trabajo pero pueden ser unos mil casos. Son 5.000 por tanto, pero 5.000 que han tenido a bien decir que fueron torturadas, porque otras no han podido, se han descompuesto. Una persona se quiso suicidar la noche en que le citamos a declarar para ese trabajo. Y es que esto es muy duro, no es fácil de manejar».

La sicóloga Olatz Barrenetxea ha recordado cómo en aquellos años 80 el impacto de la tortura era tremendo, no había recursos siquiera para recoger todos los testimonios que generaban las incesantes redadas. Hubo que conformar una red que luego dio pie a Torturaren Aurkako Taldea.

«En los 90 nuestro trabajo ya fue sobre todo intentar buscar apoyos internacionales, porque aquí había un laberinto que tenía todas las puertas cerradas y eso aumentaba la impotencia de las personas torturadas. Recuerdo que en 1992 fie a un congreso de derechos humanos con toda la documentación del año anterior y en Argentina, Uruguay o Paraguay les impactaba cómo podía estar pasando eso en un ‘Estado democrático’ como España». Y más tarde, cuando conocieron el centro especializado de Copenhague para personas torturadas, «nos preguntaban cómo no habíamos montado en Euskal Herria un centro de rehabilitación, con tantos casos como teníamos».

«Pasó entonces con Esteban porque esa una cosa que ocurría en esos tiempos –ha remarcado Etxeberria–. Sabemos la metodología, sabemos en qué parte de la comandancia de Gipuzkoa estaba la bañera. Cuando ves una persona que te hace un croquis y otra después que te hace el mismo…», ha citado como prueba.

Sobre el caso concreto de Muruetagoiena, estremece oírlo aunque hayan pasado 40 años: «Salió con un cuadro de alucinaciones, totalmente perdido después de diez días de incomunicación. Y luego lo que se le hizo no fue autopsia, no valía ni siquiera en aquellos tiempos». El detalle más elocuente quedó escrito, cuando una forense danesa preguntó a aquel médico por qué no había analizado el corazón del fallecido, y su respuesta fue: «Como cristiano que soy, lo más adecuado es no andar haciendo más cosas. Yo lo que quiero es que el corazón de este compañero suba cuanto antes al cielo».

Ante esto tan tremenbundo, no resulta extraño que se haya extendido «la falta de conciencia de haber sido torturado» por parte de muchas personas, como ha expuesto la criminóloga Laura Pego. «Suelen poner en duda si han sido suficientemente torturados como para formar parte de nuestra investigación», ha recordado la coautora del informe del IVAC. Barrenetxea ha confesado que ella a veces hasta se enfada, «con cariño», con estas personas torturadas que no se reconocen como tales. Y Etxeberria ha añadido que también hay policías que creen no haber torturado cuando no han sido suficientemente sádicos.

Verdades oficiales, aunque no judiciales

Hoy día en la CAV está en marcha el proceso de reconocer y reparar estos casos, aunque aún con escasos resultados, y pronto lo estará en Nafarroa. «Nosotros ya estamos acostumbrados, pero los casos de torturas que llegan son tan contundentes y tan duros que en la comisión se llevan las manos a la cabeza», ha asegurado el forense.

De momento se han reconocido solo 36 casos de violencia estatal (torturas y otros supuestos), que son realmente muy pocos entre las más de 700 solicitudes presentadas (una vez quitadas las 500 fraudulentas de guardias civiles). No obstante, para Paco Etxeberria es muy importante porque rompe la lamentable farsa de solo 20 condenas entre más de 4.100 casos censados. «Y es que tan oficial es la investigación del Gobierno Vasco como la de las tribunales –ha argumentado–. Esto es algo muy interesante, porque ahora tenemos dos verdades oficiales sobre la muerte de Mikel Zabalza, que no coinciden. Se han reconocido los 36 primeros casos, y después vendrán un montón», ha augurado.

Esta certificación oficial llega después del informe de 2014 basado en el Protocolo de Estambul que ha detallado Barrenetxea, porque llegado ya este siglo sentían auténtica necesidad de «medir la credibilidad» de estos casos, que tanto eco tenían en el ámbito médico internacional pero tan férreamente se negaban en el Estado español. Y se niegan.