La Fiscalía Europea ha emitido un comunicado este lunes en el que señala que se ha puesto en contacto con la fiscal general del Estado español, Dolores Delgado, para solicitarle que si tiene dudas sobre quién tiene la competencia para investigar el contrato de emergencia vinculado a Tomas Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta petición, recogida por Europa Press, se hace horas antes de que Delgado reúna a la Junta de Fiscales de Sala para escuchar su opinión, no vinculante, sobre si las investigaciones deben permanecer en su totalidad en la Fiscalía Anticorrupción, si la parte de la malversación debe ir a la Fiscalía Europea o si todo ha de quedar en manos de esta última.

En ese comunicado de la oficina de la Fiscalía Europea, de reciente creación, lamentan la controversia surgida en torno a la competencia sobre el caso concreto del Estado español, el del contrato para la adquisición de mascarillas en plena pandemia de coronavirus y que fue abonado con fondos europeos, y recuerdan que si bien no suelen hablar de casos concretos, «este en particular tiene implicaciones más amplias».

Subrayan que el objetivo de toda investigación de la Fiscalía Europea es establecer los hechos y determinar si existen suficientes evidencias de que se ha cometido un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea.

Y añaden que para evitar duplicidades y en interés de los derechos de defensa, el Reglamento de la Fiscalía Europea «establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea».

Tras esto, mencionan su «carácter inédito y la compleja interacción entre las leyes nacionales y europeas» bajo las que operan. Recuerda que en una situación de conflicto de competencias siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que anuncian que este mismo lunes han solicitado a la FGE que considere esta opción.

Fuentes de la Fiscalía Europea indican a Europa Press que en caso de que Delgado no atienda a esta opción, sopesarán cuál es el siguiente paso a dar y tras estudiar el asunto verán posibilidades de respuesta. Lo que parece probable es que en caso de que se eleve la prejudicial al TJUE la decisión sobre el asunto puede alargarse más de lo que en un principio se preveía desde el Ministerio Público.

Anticorrupción y los delitos conexos

Este conflicto competencial trascendió la semana pasada cuando fuentes fiscales confirmaron que la Fiscalía Anticorrupción había recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea para que le diera traslado de la investigación que se sigue por ese contrato.

Esas fuentes indicaron que desde la jefatura de Anticorrupción, cargo que ostenta Alejandro Luzón, no estaban de acuerdo en traspasar la investigación en su totalidad puesto que parte de las diligencias se centran en posibles delitos de corrupción en una administración pública española.

Cabe recordar que fue en febrero cuando Luzón decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

Ahora, ante la petición de la Fiscalía Europea, cuya representante en el Estado español es Concepción Sabadell, fuentes fiscales apuntan que Anticorrupción no puede negarse a enviar la parte de la malversación, y eso a pesar de que advierten de que no ven que haya habido tal delito porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no creen adecuado enviar a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Díaz Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que nada tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Así, señalan que desde Anticorrupción se han negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea y han planteado un conflicto de competencias que, a su juicio, debe resolver ahora Delgado, tras escuchar este mismo lunes a la Junta de Fiscales de Sala.

Luzón no aprecia que haya podido cometerse un delito de malversación de fondos comunitarios ya que el dinero público fue empleado «indudablemente» en la compra de mascarillas en pleno azote de la pandemia.

Las diligencias de Anticorrupción se abrieron a raíz de la denuncia que por ese contrato presentaron tres grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).

En su decreto de apertura, Luzón rechazó remitir estas pesquisas al Tribunal Supremo, al ser aforada Isabel Díaz Ayuso, al no apreciar que los hechos denunciados no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada».