Mientras, sin debatir cara a cara, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se lanzan dardos vía medios de comunicación, el anuncio de que se investiga por presuntos delitos de blanqueo y fraude fiscal agravado a la consultora McKinsey sitúa el foco sobre los métodos del Gobierno y los lobbies.

El momento electoral, y a lo que se ve también el peso de los indicios, ayudaron, primero, a conseguir que un Senado dominado por la derecha aprobara un informe demoledor, y ahora a que la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) se ocupe de investigar a esa consultoría extranjera a la que el Gobierno de Emmanuel Macron habría recurrido con demasiada frecuencia, incluso para externalizar políticas públicas durante la pandemia.

En un momento en el que los sondeos estrechan las distancias entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, la decisión de la PNF, sin prejuzgar nada, no llega en buen momento para el responsable del Elíseo, al faltar apenas cuatro días para la primera vuelta de las elecciones en la que buscará allanar el camino hacia una reelección que todos los sondeos dan como segura.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) ha indicado en un comunicado, en el que no se identifica a ninguna asesoría en particular, que la investigación preliminar se va a llevar a cabo por el cargo de blanqueo agravado de fraude fiscal.

Informe del Senado

La PNF ha señalado que su acción es consecuencia de las verificaciones que ha llevado a cabo a partir del informe presentado el 16 de marzo por una comisión de investigación del Senado (una cámara en la que es mayoritario el partido conservador Los Republicanos, en la oposición) sobre «la influencia creciente» de las asesorías en las políticas públicas.

En ese informe, el Senado reprochaba al Gobierno la utilización muy amplia de ese tipo de empresas privadas por parte del Estado incluso cuando las administraciones tenían capacidad interna para llevar a cabo el trabajo.

Cifraba en más de 2.000 las empresas a las que habían recurrido los ministerios desde 2018 y en 893,9 millones de euros el dinero gastado en 2021.

La Cámara Alta señalaba, en particular, el caso de la estadounidense McKinsey, cuyas entidades francesas utilizaron supuestamente mecanismos de optimización fiscal para no pagar ningún impuesto en el Estado francés como mínimo entre 2011 y 2020.

Eso pese a que solo en 2020, McKinsey ingresó 329 millones de euros en el Estado francés, de los cuales un 5% gracias a sus contratos con el sector público, señaló el Senado.

La compañía replicó que había respetado las reglas fiscales francesas y que una de sus filiales había pagado el impuesto de sociedades varios años.

McKinsey, además, es objeto de una denuncia por los contratos que obtuvo para la gestión de la crisis de la covid presentada por una asociación de víctimas de la epidemia.

Macron, en el ojo del huracán

Algunos responsables de la oposición han acusado a Macron de haber favorecido a esta asesoría para ganar algunas licitaciones como una forma de compensarlo por el papel que tuvieron algunos de sus consultores en la campaña electoral de 2017 que le llevó al Elíseo.

El pasado lunes, el presidente se defendió haciendo hincapié en que su Gobierno no ha recurrido más a ese tipo de gabinetes que en el pasado y en que este año va a reducirse el trabajo que se les encomienda.

Sobre todo, se esforzó en subrayar que él no interviene en la atribución de esos contratos, que dependen de las reglas de las licitaciones públicas, y que si ha habido abusos «los tienen que controlar los parlamentarios por una parte y por otra los jueces si hay una malversación o si no se respeta el código».

«Si hay abuso, caso por caso, tiene que sancionarse», insistió Macron en una entrevista a la emisora France Inter.

Algunos de los más próximos colaboradores del presidente han cargado en los últimos días contra los candidatos opositores que utilizan este asunto en la campaña electoral para los comicios presidenciales -la primera vuelta se celebra este domingo- y han hablado de que lo que hay detrás en realidad es una «operación política».