Un día después de que este lunes se cumplieran seis semanas de la detención en Polonia del periodista vasco Pablo González, Amnistía Internacional ha denunciado las condiciones bajo las que le mantienen en prisión provisional acusado de «espionaje». 

El periodista español Pablo González @PabVis lleva detenido en Polonia desde el 28 de febrero. Exigimos que se respete su derecho a un proceso justo y con las debidas garantías, permitiéndole el acceso a un abogado de su libre elección y a comunicarse con su familia. VA HILO淋 pic.twitter.com/9yykmz0YqI

— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) April 12, 2022

A través de un hilo de Twitter, la ONG ha recordado que el colaborador de NAIZ y otros medios como Público y La Sexta, fue detenido por las autoridades polacas el pasado 28 de febrero, mientras realizaba su labor periodística cubriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Además de exigir para él «un proceso justo y con las debidas garantías», Amnistía Internacional ha puesto el foco en las dos principales vulneraciones de derechos que el periodista sufre desde su arresto y posterior encarcelamiento.

Por un lado, censuran que, «además de no poder contar con un abogado de libre elección, Pablo González no tuvo asistencia letrada de oficio hasta el 14 de marzo, 16 días después de su detención, y cuando ya enfrentaba cargos formulados por una autoridad judicial».

En ese sentido, AI subraya que «el acceso a asistencia letrada desde la detención y en las primeras fases del procedimiento es esencial para garantizar un proceso con las debidas garantías». «El Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a un abogado de su elección», añade.

Por otra parte, critican que no se haya garantizado el derecho del periodista a comunicarse con sus familiares –no le han entregado ni tan siquiera la correspondencia que le han enviado–, al considerar que «la falta de contacto con el exterior dificulta la capacidad de las personas detenidas para preparar su defensa» y, al mismo tiempo, «afecta a sus derechos a la vida privada y familiar y a su salud».

Por todo ello, Amnistía Internacional ha contactado con la Embajada de Polonia en el Estado español y ha reclamado a las autoridades polacas que permitan «de forma inmediata» que Pablo González pueda comunicarse con sus familiares y recibir asistencia letrada de los abogados de su elección.