El Parlamento Europeo ha «recomendado» este miércoles al Gobierno español que explore la posibilidad de reconocer los atentados de ETA sin resolver como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de que esta figura entrase en su Código Penal, una opción que ha descartado la Audiencia Nacional y sobre cuya inconstitucionalidad ha alertado el PSOE.

El informe final tras la misión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a Euskal Herria y Madrid en noviembre pasado ha sido aprobado finalmente este jueves por 27 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. El PSOE ha terminado dándole el sí aunque durante el trámite ha quedado clara su disconformidad con algunos planteamientos, expresada con enmiendas. Paradójicamente, al mismo tiempo en Twitter su representante en esta comisión Cristina Maestre ha hablado de «manipulación de la extrema derecha» e «intento de dividir a los demócratas».

La visita ya fue muy polémica, porque estuvo copada por la derecha española, lo que resulta totalmente irregular en estos casos en que se opta por delegados de otros países. La vicepresidenta de la comisión, Tatiana Zdanoka, declinó participar por el evidente sesgo político del viaje. Y desde Lakua se expresó sorpresa por que no se hubiera solicitado una entrevista con el lehendakari Iñigo Urkullu. La agenda sí incluyó visita al Memorial instalado en Gasteiz, reuniones con víctimas de ETA y con Guardia Civil, Policía española, Audiencia Nacional...

En ningún momento de la misma se abordaron otras violencias en el conflicto vasco, argumentando que la petición ciudadana que dio origen a esta visita se circunscribía a la perpetrada por ETA.

Tras meses de trabajo posterior se ha aprobado un informe que posiblemente no tendrá traslación práctica directa, puesto que plantea únicamente sugerencias y además estas resultan contrarias a principios constitucionales como la irretroactividad.

Con todo, sí crean un caldo de cultivo propicio para que la Audiencia Nacional siga manteniendo sus escollos a la progresión legal o el impulso a la reapertura de procesos judiciales o imputaciones de lesa humanidad. Y pueden suponer una presión añadida para el Gobierno Sánchez.

Así, en el informe aprobado se recoge la sugerencia a las autoridades españolas de «agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal» para dar tratamiento diferenciado a los atentados mortales de ETA sin resolver, cuyo número se infla hasta los 379 [el cuadro general de la cuestión, en este reportaje de Iñaki Egaña].

Esta recomendación entró en el texto final pese a que la Audiencia Nacional ya había descartado que sea posible juzgar como de lesa humanidad los delitos de ETA previos a 2004, el año en el que esta tipificación entró en el Código Penal español.

El PSOE había tratado de eliminar esta sugerencia a través de una enmienda alegando precisamente que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año y que solicitarlo contravendría el principio de legalidad penal que recoge la Constitución.

«Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad y seamos conscientes de la imposibilidad de aplicar de manera retrospectiva la aplicación de los delitos de lesa humanidad para evitar así que los delitos etarras puedan prescribir», dijo la diputada socialista Cristina Maestre, que promovió esta y otras enmiendas al texto.

Las «sugerencias»

El informe, por su parte, también recuerda que ya se han presentado «varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», una opción de reforma que ya apuntaron durante los debates en comisión otros diputados españoles.

El Parlamento Europeo aboga además por que los beneficios penitenciarios y el tratamiento que se pueda conceder a los condenados se vinculen a «su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento»

También proponen establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un atentado específico o promover esfuerzos para «evitar la glorificación pública» de exprisioneros, así como formar una comisión de juristas para elaborar informes sobre cada uno de los casos no resueltos.

Otra recomendación apunta a explorar la posibilidad de que los miembros de la cúpula de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos puedan ser procesados como instigadores del crimen.

Satisfacción de la derecha española

«Desde el Parlamento Europeo estamos enviando un mensaje contundente, claro y firme de apoyo a las víctimas del terrorismo. Nada de complacencias con los terroristas. Cuesta entender la postura de los socialistas españoles presentando este tipo de enmiendas», ha señalado en un comunicado la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat.

También Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) ha celebrado que el informe ponga «en negro sobre blanco la historia de la persecución de una parte de la población vasca y el difícil y sacrificado trabajo de quienes mantuvieron el Estado democrático de Derecho».

Por su parte, el abogado de la asociación Dignidad y Justicia y peticionario impulsor de esta iniciativa, Miguel Ángel Rodríguez, ha celebrado que la Eurocámara haya recogido en el informe todas las reclamaciones que se le hacían, incluyendo la cifra de crímenes sin resolver que él mismo ofreció, sin cuestionamiento alguno.