Cuando se han cumplido seis meses desde que el Gobierno de Lakua asumió la competencia penitenciaria, la consejera Beatriz Artolazabal ha aportado varios datos reveladores de la situación actual en respuesta a preguntas del parlamentario de PP-Cs, Luis Gordillo. En ellas queda claro lo contrario que intentaba insinuar Gordillo: no existe ningún trato de favor a los presos de EPPK.
Así, Gordillo preguntó cuántos presos habían pasado a tercer grado desde el 1 de octubre del pasado año al 1 de abril de este, y de ellos «cuántos están condenados por pertenencia a banda armada y/u otros delitos relacionados con el terrorismo». La respuesta es que 250 personas han sido progresadas a tercer grado, de ellas solo ocho condenadas por pertenencia a ETA (unos casos que fueron notificado públicamente y dieron pie a un recurso de la Fiscalía en el caso de Joseba Arregi).
Este alto volumen se corresponde con el anuncio del Departamento de Justicia de que pretende pasar del actual 25% de personas presas en régimen de semilibertad a cerca del 40%. Así lo expresaba Jaime Tapia, juez que está guiando este proceso, en entrevista a NAIZ.
Algo similar ocurre con la libertad condicional, siguiente paso al tercer grado. Artolazabal traslada a Gordillo que tras la transferencia han accedido a la condicional 80 presos, de ellos solo dos «condenados por pertenecer a banda armada».
En total las Juntas de Tratamiento de Basauri, Martutene y Zaballa han presentado 142 propuestas de progresión de grado, aunque también ha habido 54 de regresión. Se da la circunstancia de que tanto unas como otras han sido aprobadas casi en su totalidad por las direcciones de las cárceles (139 sobre 142 en el caso de las progresiones y 52 sobre 52 en el de regresiones).
Aunque Lakua no lo incluye en esta respuesta, ello refuerza que existe un criterio uniforme dentro de las prisiones sobre estas progresiones y regresiones, marcadamente técnico, frente a la excepcionalidad y arbitrariedad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al recurrir terceros grados contra lo que determinan las prisiones. Se ha traducido en que ha revertido ya tres de ellos en el caso de presos encarcelados en la CAV [este es el último informe de Behatokia al respecto].
Más trasladados que no son de EPPK
Otro dato interesante incluido en estas preguntas es que hay casi doble de presos trasladados a Martutene, Zaballa y Basauri que no son de EPPK que los incluidos en el Colectivo. Así, aunque Gordillo quiera poner el foco sobre las repatriaciones de prisioneros políticos en su pregunta, Artolazabal explica que son 29 los trasladados desde el 1 de octubre condenados por relación con ETA frente a 51 «no vinculados» a esta organización.
El parlamentario de PP-Cs quiso saber también cuántos casos de presos por otros delitos ven rechazada su petición de traslado a cárceles vascas. Artolazabal indica que han sido 110 y que entre ellos «el motivo más frecuente de rechazo es la falta de arraigo socio-familiar suficiente y contrastado en la CAV», algo que obviamente no ocurre en el caso de los prisioneros presos.