El Congreso salvadoreño, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, ha extendido por 30 días más el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo pasado tras una escalada de los homicidios atribuida a las pandillas.

La medida, que no ha sido discutida, se ha aprobado con 67 votos de los 84 diputados del Congreso, de amplía mayoría oficialista.

De acuerdo con el Gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 16.000 personas en la llamada «guerra contra las pandillas», que se estima que cuentan más de 70.000 miembros.

La iniciativa, aprobada principalmente con los votos del partido Oficialista Nuevas Ideas (NI), señala que se mantienen las condiciones que originaron la suspensión de las garantías constitucionales a finales de marzo, pese a que la cifra de homicidios parece que se ha controlado.

Este régimen mantiene en suspensión, entre otros, el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no la libertad de circulación.

«Es necesario prolongar dicho régimen de excepción», dado que la «ola de inseguridad» se mantiene «a pesar de las capturas y disminución de homicidios», señala la solicitud del Gobierno de Bukele.

De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, 14.000 de los detenidos se encuentran en cárceles y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a 6.000 de los capturados se les ha dictado prisión preventiva por parte del sistema judicial.

«Guerra contra las pandillas»

El Gobierno de Bukele ha llamado «guerra contra las pandillas» a las diferentes acciones implementadas durante el estado de excepción, que también contemplan la presencia policial y militar en colonias populosas dominadas por las pandillas y patrullajes en diferentes zonas.

Además de esta suspensión de derechos constitucionales, el Congreso ha aprobado reformas de diferentes leyes para endurecer las penas a los pandilleros y ha avalado juzgar a los adolescentes como adultos.

También ha aprobado un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel «cualquier manifestación» que aluda al «control territorial» de las pandillas, una medida denunciada por el gremio periodístico que la ha señalado como «reforma mordaza» y por «criminalizar» su labor.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, principalmente por detenciones arbitrarias.

Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha mostrado su preocupación por estas medidas.