La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea para limitar el precio del gas destinado a la producción eléctrica es un «reaseguro para los consumidores ibéricos», y ha explicado que «habrá que distribuir» el ajuste entre el tope fijado de 50 euros/MWh y su precio real «entre los consumidores de energía».

Durante la interpelación dirigida por el PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Ribera ha celebrado poder fijar ese tope, que permitirá frenar el contagio del alza del gas al resto de tecnologías en el mercado eléctrico durante doce meses, con un máximo inicial de 40 euros/MWh hasta una media durante todo el período de 50 euros/Mwh. Según ha señalado, una vez aprobado y en vigor, el acuerdo beneficiará al 40 % de los consumidores domésticos –aquellos que tienen tarifa regulada– y hasta al 80 % de los consumidores industriales de electricidad, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad.

Ha explicado que esta medida «se financiará a través de una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las eléctricas que emplean otras tecnologías que no se han visto afectadas en sus costes y son retribuidas al máximo precio».

En todo caso, ha confirmado que la diferencia entre el coste final que marque el mercado mayorista y el tope fijado al gas se financiará en la factura eléctrica, si bien no ha precisado cómo: «Para poder dar cobertura al ajuste a posteriori de ese diferencial entre el precio del gas a 40 euros/MWh y el precio real en el mercado oficial habrá que distribuir entre los consumidores de energía», ha dicho.