El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidirá el próximo lunes 9 de mayo si admite a trámite o no el recurso del Estado español que trata de blindar el régimen de incomunicación. Fue presentado por la Abogacía del Estado, tras presiones de organizaciones como la AVT y apremiado por el Tribunal Supremo, con la intención primera de que se corrija el fallo que dio la razón a Xabier Atristain y conllevó su excarcelación. Pero, más allá del caso concreto, lo que está en juego es si siguen utilizándose o no como prueba de condena las autoinculpaciones o inculpaciones realizadas en el periodo de incomunicación, sin defensa jurídica adecuada para las personas detenidas, como determinó Estrasburgo en el caso de este preso donostiarra.

Será un panel de cinco jueces del TEDH el que asumirá la decisión de si remiten o no a la Gran Sala del Tribunal Europeo un total de siete sentencias, entre las que se encuentra esta relativa a Xabier Atristain.

De ser atendida la petición del Gobierno español, la Gran Sala, compuesta por 17 jueces, examinará el caso y dictará una sentencia definitiva. Ello demoraría la resolución durante al menos un año probablemente. Es lo que ocurrió en 2013 con el caso de Inés del Río, en el que finalmente la Gran Sala terminó ratificando la sentencia inicial y finiquitando por tanto la «doctrina Parot»

En el caso de no ser atendida, por contra, la sentencia dictada el 18 de enero pasará a ser firme, y a partir de ahí habría que ver cuáles son sus efectos jurídicos.

El precedente de Palacios

Tras el fallo de enero, la Audiencia Nacional ya dictó una sentencia absolutoria en el caso de Gorka Palacios, aceptando que el caso Atristain marcaba una nueva jurisprudencia, según la cual no podía ser condenado alguien que solo tuviera en su contra declaraciones autoinculpatorias o inculpatorias derivadas de la incomunicación. Sin embargo, la decisión final española de intentar apurar las opciones ante la Gran Sala deja todo abierto por el momento.

Este fallo iba en la línea de lo apuntado antes en entrevista a NAIZ por el abogado de Atristain, Zigor Reizabal, que consideró que «hace falta una reparación efectiva» para casi todos los presos vascos al haber sufrido una situación análoga a la de Atristain.

Desde el otro extremo, la AVT también ha afirmado que los efectos de hacer firme la sentencia de este caso podrían ser «terribles» al traducirse en excarcelaciones. Aunque probablemente su intención no sea otra que presionar con ello al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La primera incógnita se despejará el próximo lunes.