Tras tres años de bloqueo forzado por las formaciones de derechas, que ejercían el derecho de veto para impedir la incómoda entrada de fuerzas independentistas y de izquierda en este foro secreto, el jueves a primera hora se reúne de nuevo la comisión del Congreso encargada de controlar los «gastos reservados» del Estado, y en consecuencia, del CNI. Lo hace marcada absolutamente por el escándalo Pegasus y con la presencia principal de su directora, Paz Esteban, una desconocida entre otras cosas porque nunca ha tenido que comparecer en este foro que llevaba tres años sin constituirse.

El Gobierno ha argumentado hasta el lunes pasado que es en ese foro en el que el CNI daría explicaciones sobre el espionaje al independentismo, cuya autoría no ha admitido de viva voz pero sí mediante filtraciones. Pero su aparición en escena ese día para afirmar que también Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido espiados con ese sistema puede cambiar el guion. No solo a modo de cortina de humo, sino como auténtico cortafuegos.

¿DIMITIRÁ PAZ ESTEBAN?

Una de las hipótesis al alza es que Esteban llegue a la comisión con la dimisión bajo el brazo. Obviamente no por haber espiado al independentismo (con o sin aval judicial, que es una de las incógnitas), sino por no haber impedido los pinchazos al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.

Una notificación en este sentido tendría el doble efecto de tapar el problema de fondo y aparentar que se asumen responsabilidades por lo ocurrido. Paréntesis: en realidad lo ocurrido no es una cosa sino dos, porque en principio una cosa debería ser espiar al «enemigo» y otra al Gobierno del Estado (salvo que lo haya hecho el CNI –o alguien del CNI– entendiendo que con los acuerdos de gobernabilidad entre ambas partes ambos son ya «socios», una hipótesis para nada descartable a estas alturas).

La dimisión supondría una noticia de aparente impacto, pero a la vez un cierre en falso de la sesión porque dejaría pendiente el esclarecimiento de los hechos.

Se vaya o siga, por otro lado, la directora del CNI siempre tiene la opción dialéctica de alegar que ya hay una investigación judicial abierta, en la Audiencia Nacional (no por el espionaje al independentismo, claro está, sino al Ejecutivo) y abogar por «dejar a los jueces trabajar».

¿SE ASUMIRÁ PEGASUS?

A estas alturas ya es muy difícil para los aparatos del Estado negar que el CNI adquirió Pegasus. Ciertamente no fue en la era del PSOE, sino durante el Gobierno del PP, pero a tenor de los datos aportados por el diputado Jon Iñarritu y la versión oficial de los pinchazos al actual inquilino de La Moncloa su uso se ha producido tanto en la era Rajoy como Sánchez (hasta 2020 en el caso del electo de EH Bildu y en 2021 en el del presidente). Con todo, no hay que pasar por alto que Robles ha negado en las Cortes hasta la fecha que alguien del CNI haya asumido la adquisición del sistema de espionaje. No descarten que siga atrincherada.

Si se admitiera que el CNI ha usado Pegasus, automáticamente se potenciará la hipótesis del espionaje interno sobre el Gobierno. Y es que, igual que soplar y sorber no puede ser, resulta muy difícil creer que el mismo sistema haya servido a España para espiar al independentismo vasco y catalán y a la vez haya sido utilizado contra Sánchez y Robles... por Marruecos. Esta última hipótesis también hace aguas hasta la fecha por la nula reacción diplomática: ¿Cómo es posible seguir manteniendo una relación privilegiada con Rabat si Marruecos es el autor del pinchazo que le ha robado 2,6 gigas del móvil del presidente del Gobierno?

¿ESPIONAJE LEGAL?

Si el CNI termina asumiendo que trabaja con Pegasus, y teniendo en cuenta que Margarita Robles ha puesto énfasis este miércoles en que habrá «tolerancia cero» con las escuchas ilegales, se puede dar por seguro que argumentará que existe aval judicial para ello. También casa con ello que a Robles, quebrando la línea negacionista del asunto que estaba utilizando, se le escapara en el Congreso aquello de «¿qué tiene que hacer un Estado cuando se vulnera la Constitución?».

El diputado del PNV Aitor Esteban dice ver casi imposible que se hayan emitido órden judiciales y personalizadas para cada uno de esos 65 casos revelados por Citizen Lab. Con los tribunales españoles todo es posible en realidad; que se lo pregunten a los condenados del caso 13/13 en un sumario iniciado también por el CNI contraviniendo lo que marca la ley. Pero por si acaso, habrá que estar muy atentos a los rumores que apuntan a que pronto Citizen Lab puede hacer públicos otros 150 espiados en el Estado español. Si 65 pinchazos legales suena improbable, 210 sería imposible o al menos escandaloso en Europa por su carácter masivo y seguro indiscriminado.

¿BOICOT DE LA DERECHA?

Otro factor que puede condicionar la sesión del jueves y el posterior desarrollo de la comisión es la actitud de la derecha española. Como dato significativo, el PP ya ha calificado de «ejemplo de sentido de Estado» su veto a una comisión de investigación sobre Pegasus, toda una declaración de intenciones.

En el Pleno del Congreso en que se aprobaron los miembros de las diez formaciones que estarán representadas en la comisión, Vox acusó a la presidenta que ha desbloqueado este foro, Meritxell Batet, de «prostituir el Congreso». Inés Arrimadas (Cs) añadió que «solo falta Jack el Destripador». Así que habrá que ver cómo actúan este jueves PP, Vox o Ciudadanos ante Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Gabriel Rufián (ERC) o Albert Botran (CUP). El ruido está asegurado aunque la sesión sea a puerta cerrada. Si no algún intento directo de reventarla.

EPÍLOGO: ¿EN ESPAÑA O EN EUROPA?

Por último, es imprescindible recordar que esta llamada comisión de secretos oficiales ya funcionó con cierta regularidad hasta 2019 sin que en ella se desvelaran ni la existencia de Pegasus (así lo han acreditado Podemos y PNV, que participaron en ella), ni la «Operación Cataluña» contra el independentismo, ni mucho menos la guerra sucia en Euskal Herria. Por dar un dato bastante elocuente, a día de hoy el CNI sigue negando tener conocimiento de la grabación sobre su entonces jefe operativo, Juan Alberto Perote, y su hombre en Intxaurrondo, Pedro Gómez Nieto, esa que todos hemos escuchado.

Tampoco se puede esperar apenas nada de los tribunales españoles, como muestran estos mismos casos. Y como delatan las palabras del expresidente español Felipe González esta mañana en Antena 3: «Esto solo se va a aclarar por la vía judicial». Pues eso.

Otra cosa será que el Estado español pueda controlar la investigación externa de un escándalo que es internacional. El Parlamento Europeo ya ha constituido hace dos semanas una comisión sobre Pegasus, que tras las últimas noticias sin duda tendrá al Estado español en el foco principal junto a Hungría y Polonia, y cabe esperar resultados de ella aunque entre sus participantes haya presencias tan surrealistas como la de Juan Ignacio Zoido (ministro de Interior cuando probablemente se compró el sistema). El independentismo catalán anuncia querellas en el ámbito internacional, que pueden ir concretándose cuando vayan identificándose los estados desde que se ha espiado. Y Citizen Lab seguirá tirando de la manta.