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El Parlamento navarro convalida la batería de medidas frente a la crisis por la guerra

La Cámara navarra ha dado luz verde a una serie de medidas aprobadas por el Gobierno navarro que tienen como objeto hacer frente a las consecuencias que está teniendo la guerra en Ucrania en la economía navarra.

La consejera Elma Saiz ha presentado el paquete de medidas.
La consejera Elma Saiz ha presentado el paquete de medidas. (Iñigo URIZ/FOKU)

El Parlamento navarro ha aprobado el paquete de medidas presentadas por el Ejecutivo de María Chivite para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. A pesar de que el decreto estaba ya en vigor desde el pasado 14 de abril, necesitaba el refrendo parlamentario para su validez.

A los votos favorables del PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, se ha sumado la abstención de EH Bildu e I-E, frente al voto en contra de Navarra Suma.

El decreto ha sido presentado en el pleno por la consejera navarra de Economía y Hacienda, Elma Saiz, quien ha afirmado que el «reto sin precedentes» que supone la guerra en Ucrania está teniendo efectos como el alza de los precios energéticos y carestía de materias primas.

Este paquete de medidas «no es un trágala, son medidas que emanan de la escucha activa de ese gobierno a los sectores y personas más afectadas», ha apuntado en su turno el miembro del PSN Ramón Alzórriz.

Por Geroa Bai, Mikel Asiain ha asegurado que en su grupo «valoramos las medidas, aunque echamos en falta muchas otras» y ha resaltado que «no afrontamos uno de los mayores retos pendientes relacionados con la emergencia energética», como la «paulatina pero urgente» sustitución de los equipos que utilizan combustibles fósiles para funcionar. En una línea similar, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha mostrado el apoyo de su grupo al decreto, aunque se ha acordado con el Gobierno una moción en la que se adquiere el compromiso de introducir mejoras en los controles de impacto ambiental de los proyectos de energías renovables.

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha destacado que «no hemos encontrado en este decreto ley esas medidas audaces», aunque ha anunciado que iban a facilitar su aprobación mediante la abstención de su grupo «por un ejercicio de responsabilidad». La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha indicado que este decreto «da alguna respuesta», pero creen que también habría que actuar sobre los beneficios empresariales y tomar más medidas referidas a la vivienda, la energía y el empleo. Ambos han optado por la abstención, permitiendo la validación del decreto.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, tras afirmar que «no podemos votar a favor» de este decreto, ha opinado que este paquete de medidas «no es lo que necesita la comunidad» y ha indicado al Gobierno que incluso sus socios iban a votar a favor «tapándose la nariz».

Medidas

En el ámbito tributario, se establece un conjunto de iniciativas «dirigidas a los sectores más afectados por el shock energético» y llegan, tal y como ha destacado la consejera Elma Saiz, tras las reuniones que el Gobierno navarro ha mantenido con ellos.

Las medidas persiguen dos objetivos: por un lado, aportar liquidez inmediata a empresas, pymes o autónomos que puedan atravesar dificultades y, por otra parte, se establecen otras medidas con efectos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades correspondientes al periodo impositivo iniciado en 2022.

Respecto al primero de los objetivos, se establece un nuevo aplazamiento excepcional de aquellas deudas tributarias que correspondan a autoliquidaciones de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido del primer trimestre de 2022, así como del mes de marzo de 2022.

Asimismo, se exonera a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas de la obligación de realizar el pago fraccionado correspondiente al segundo trimestre de 2022.

Por otro lado, se amplía un año el plazo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades para acogerse a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en el año 2022; y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva especial para inversiones, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

Estas medidas servirán para no perjudicar a aquellos contribuyentes que tengan dificultad para acometer en 2022 las inversiones que tenían previstas con el fin de dar cumplimiento a los mencionados plazos.

Mientras tanto, en lo relativo al segundo bloque de medidas aprobadas en materia tributaria, en primer lugar, se declara la exención de las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan estatal de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Asimismo, las personas físicas que desarrollan actividades empresariales y microempresas podrán aplicarse una deducción extraordinaria con la que se pretende suavizar el impacto económico derivado de la crisis energética. En el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas la deducción será de un 3% del rendimiento neto positivo del sujeto pasivo, una vez aplicadas, en su caso, la reducción a que tengan derecho por determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada o en estimación directa especial, con un límite de 3.000 euros.

Por su parte, en el Impuesto sobre Sociedades la deducción la aplicarán aquellos contribuyentes cuyo importe neto de cifra de negocios no supere 1.000.000 de euros en 2022. No podrán aplicar la deducción las entidades patrimoniales. La deducción a aplicar será de un 3% de la base imponible positiva, con un límite de 3.000 euros. Esta deducción podrá minorar el importe de la tributación mínima y se podrá aplicar antes que las deducciones por incentivos del Impuesto sobre Sociedades.

Por último, se eleva a 200.000 euros el umbral de volumen de operaciones para poder determinar el rendimiento neto de las actividades empresariales en régimen de estimación directa especial, en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.