![El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la semana pasada en Barcelona..](/media/asset_publics/resources/000/898/350/article_main_landscape/Sanchez.jpg)
El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha instado este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a desclasificar los informes relativos a los de los políticos independentistas espiados por el CNI.
No obstante, conviene recordar que, según algunos medios catalanes, la directora del CNI no admitió espionaje a 18 personas, sino a 29. Un número al que se debe sumar los espionajes «extrealegales», entre los que figurarían Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.
En declaraciones a RAC1, Sànchez ha considerado «imposible» que Sánchez «no supiese nada» sobre este espionaje, porque debía tener los «informes que le remite el CNI», y «si no sabía nada, debería dimitir».
Ahora, ha añadido, el presidente del Gobierno «tiene la capacidad de desclasificar estos informes, que suponen un «escándalo mayúsculo».
Investigar y reconocer lo ocurrido
Ante la reunión que el president, Pere Aragonès, espera mantener con Sánchez, el secretario general de JxCat ha planteado cuatro exigencias: desclasificar los informes del CNI, apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso, asunción de responsabilidades y garantías de que este espionaje ha cesado.
Sànchez ha denunciado que su móvil fue atacado con el sistema de ciberespionaje Pegasus en septiembre de 2015, poco después de haber sido elegido presidente de la ANC y en pleno proceso electoral de las elecciones catalanas ganadas por Junts pel Sí.
Consciente ya en 2019 de que se habían producido ataques con Pegasus, ha señalado, este hecho fue uno de los motivos que llevó a JxCat a negarse a apoyar la investidura de Sánchez.
Se ha mostrado convencido de que este espionaje político ha tenido una doble dimensión: una parte de los ataques fueron «autorizados» por algún juez del Tribunal Supremo, pero también hubo, ha calculado, «decenas de actuaciones que probablemente se han producido al margen de la autorización judicial» del Supremo.
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