Se trataba de menos de 20 activistas de la memoria histórica. Explicaron a GARA que fueron pocos para evitar tener que pedir autorización de manifestación a la Delegación del Gobierno español en Madrid. Levantaron una pancarta gris gigante con cientos de nombres escritos en letra blanca que recordaban a tan sólo una escueta parte de los presos políticos de la antigua cárcel de Carabanchel. Con su dignidad y su voluntad a prueba de décadas, se expresaron frente a la sede central de Instituciones Penitenciarias.

Fue un día de semana más, bajo el sol de primavera y con turistas que paraban para fotografiar a estos hombres y mujeres que peinan canas y llevan a cuestas el cansancio de una vida cuesta arriba en la lucha por la memoria histórica. Porque reclaman poco y se les concede nada: simplemente, como decían unos carteles que sostenían con sus manos, un centro de memoria de la famosa prisión que mandó construir el dictador Francisco Franco e inauguró en 1944, destinada especialmente para los detenidos en proceso por causas políticas.

El efectivo de la Policía les pidió no bloquear la entrada. Se le veía nervioso. Llamó a compañeros suyos y tres policías se hicieron presentes pero observaban cautelosos. A pesar que el acto estaba anunciado hacía días y se trata de una de las cárceles más emblemáticas de la dictadura, GARA fue el único medio presente. Así de inhóspita es la situación de la memoria histórica en Madrid.

Fue en plena Avenida Alcalá, la más larga de la capital del Estado, a metros de donde confluye con la Gran Vía y a un minuto del Centro de Bellas Artes. Los militantes de la Plataforma por un Centro de Memoria para Carabanchel deseaban eso: dejar constancia que el reclamo sigue vivo. Y hacerlo frente a esa subsede emblemática del Ministerio de Interior que conduce Grande-Marlaska.
    
El panóptico del dictador

La vieja cárcel de Carabanchel, que fue casi en su totalidad derrumbada, se construyó tomando como ejemplo la cárcel Modelo de Barcelona. Tenía una cúpula típica de panóptico al estilo ideado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII, con seis naves construidas en ladrillo. Por supuesto, su construcción fue realizada en 1940 por el trabajo esclavo de un millar de presos políticos y llevó cuatro años hasta que la inauguró el régimen. Cabían más de dos mil reclusos.

Hoy solo queda en pie un pórtico de granito gris y el edificio del hospital penitenciario que increíblemente ha sido hace años asignado para el CIE de Aluche (llamado de Aluche aunque está en el distrito de Carabanchel, zona predominantemente obrera en el extremo suroeste madrileño). Se pintó de amarillo y en algunas partes de blanco y azul, como para borrar el pasado. A metros de donde estaba la cárcel se halla la Ermita de Santa María Antigua, una construcción del siglo XIII de estilo mudéjar edificada sobre una antigua villa romana del siglo II. Así es este escenario, tan ecléctico como histórico.

Por supuesto, ni en los 170.000 metros cuadrados vacíos tras el derribo ni en el CIE hay  una sola placa o cartel que recuerden que allí se violaron los derechos humanos durante la dictadura. Y contra esa desmemoria lucha este grupo de madrileños.

Entre la veintena que se manifestó frente a la subsede de Interior estaban el portavoz de la plataforma, Pedro Casas, y la histórica activista Yenia Camacho Samper, novelista e hija de los sindicalistas Marcelino Camacho (fundador de CCOO, exdiputado del PCE y preso político en Carabanchel) y Josefina Samper, cofundadora del Movimiento Democrático de Mujeres, una de las primeras organizaciones feministas del Estado español.

Ambos conversaron con GARA. «Vinimos aquí sencillamente porque Instituciones Penitenciarias fue la responsable de tirar abajo la cárcel en 2008 y es la dueña de los terrenos que quedaron abandonados en donde reclamamos que se haga un centro, sea una nueva construcción o en la única parte que quedó en pie, el viejo hospital», explica Casas.

En 2008, siendo ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ya había una ley de Memoria Histórica, muy cuestionada por la derecha de aquel entonces. «Quisiéramos saber por qué derribaron la cárcel... Creo que habían aprobado una ley que no se la creían, les escocía. Porque les pedimos que al menos dejaran la cúpula de la prisión, que era muy emblemática», añade.

Comenta que Carabanchel estaba lleno de presos políticos y los denominados «presos sociales, que quedaron fuera de la lucha de la COPEL porque no se les aplicó la amnistía, eran homosexuales, personas trans, gente que estaba dentro por la ley de vagos y maleantes y la de peligrosidad social».

Recuerdan que allí estuvo preso el último ejecutado por delitos de la guerra y de allí salieron los últimos ejecutados de la dictadura (del FRAP y ETA)

Cuando se le pregunta por los nombres en la pancarta, Camacho responde que son casi en su totalidad hombres porque «las mujeres estuvieron solamente en un breve período en el que se cerró la cárcel de mujeres» y que en la prisión del sur de Madrid «en el mismo 1944 mataron a golpes a una persona y quisieron hacerlo quedar como un suicidio». De hecho, recuerda que allí estuvo preso el último ejecutado por el franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civi, Julián Grimau, y desde allí salieron los últimos ejecutados de la dictadura en 1975 (militantes del FRAP y ETA).

(Muchos apellidos vascos en la lista de quienes pasaron por la cárcel. Fotos: Daniel Galvalizi)

Camacho rememora las luchas de las mujeres de los presos por la mejora de las condiciones de reclusión, «que fueron muy duras especialmente al acabar la guerra; hubo sublevaciones dentro, huelgas de hambre y encierros». Levanta el brazo y señala a la Iglesia de San José, un edificio imponente del siglo XVIII con fachada roja morada, ubicada justo en frente de donde era la manifestación: «En esa iglesia estuvieron encerradas las mujeres de presos, mi madre entre ellas y de ahí se las llevaron a la Dirección General de Seguridad (en Sol, el más famoso centro de tortura madrileño). Se encerraron allí para llamar la atención para mejorar la situación de los presos».

Apellidos vascos
    
Intxaurtieta. Askasibar. Iturrioz. Iriberri. Artetxe. Solo algunos de las decenas de apellidos vascos que aparecen en la pancarta que sostenían los activistas. Al ser preguntada al respecto, Camacho comenta que desde la existencia del Tribunal de Orden Público, «pasaban por Madrid los presos de todas partes, a la espera del juicio o mientras se llevaba a cabo, y a mucha gente de todas partes del Estado la traían a Carabanchel. Incluso si eran condenados pero había apelación, volvían del penal a ésta que era una cárcel de paso».

«Hay datos que indican que hubo más de 50.000 presos que pasaron por allí. Las cifras están pero no las tenemos, siguen en secreto los archivos. En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca consta que durante todo el período de la dictadura franquista hubo 700.000 fichas de detenidos en todo el Estado», subraya.

En ese sentido, Casas también lamenta que no haya cifras oficiales pero dice que su organización, con sus propios medios, tiene «recopilados los nombres de más de 2.000 presos políticos en Carabanchel. De los presos sociales no hay capacidad para recopilarlos. Y de los dos mil que se han podido confirmar, se sabe que son alrededor de la cuarta parte del total de los que pasaron por allí».

Ha transcurrido casi una década y media desde la demolición de la cárcel y ahora hay un Gobierno estatal de coalición de izquierdas y otra ley de memoria histórica en marcha. Ante el pedido por la construcción de algo que rememore la tragedia vivida en Carabanchel, Casas dice que el equipo de Grande-Marlaska respondió con una «vaga promesa de hacer una sala de memoria en una de las nuevas oficinas» de Instituciones Penitenciarias proyectadas a construir allí.

Camacho considera «para nada adecuado compartir un homenaje a los presos políticos en un sitio penitenciario»

«Lo que queda evidente es que ellos sabían que eso mientras siguiera en pie sería un llamado a movilizarse por el centro de memoria. Quisieron eliminar el emblema de la reivindicación», reflexiona. Por su parte, Camacho considera «para nada adecuado compartir un homenaje a los presos políticos en un sitio del servicio penitenciario».

(Así estaba el viejo penal antes de su derribo. Foto: Wikimedia Commons)

Cuando se pregunta por la ausencia de jóvenes en casi todos los actos de estos colectivos en Madrid, la hija del fundador de CCOO responde que es una consecuencia de la «intención de aniquilar la memoria, que empezó con un silencio opresivo en la dictadura y que duró por mucho tiempo en el miedo de las propias familias. Pasan las generaciones y el tema no es abordado como corresponde desde la enseñanza; es una vergüenza cruzar la frontera y ver que en Francia hay más monumentos que recuerdan a los españoles de la Resistencia que aquí».

También valora que en otras partes del Estado no sea así. «No hay color con lo que sucede en el País Vasco y Navarra. He ido a actos allí por ejemplo sobre trabajo forzado, que nos buscó una asociación, y cuando vimos la cantidad de gente que iba no lo podíamos creer, y era en un pueblo. Esto aquí no pasa. Y había gente de todo tipo, incluso del PNV. Otra cosa».