El pleno del Parlamento de Gasteiz sobre el reto demográfico ha dado lugar acuerdos entre la oposición y los grupos que apoyan al Gobierno autonómico, en materias concretas, como los referidos a la revisión de las tarifas de transporte para jóvenes o la apuesta por extender a 18 semanas los permisos parentales en el ámbito privado, tal y como ya se reconoce en la Administración Pública. Pero no ha habido grandes pactos sobre las principales medidas planteadas en el debate, entre ellas, la propuesta de EH Bildu para crear una ayuda de 150 euros mensuales por hijo o hija hasta los 18 años, que ha sido rechazada.

El lehendakari, en su discurso matinal, ha contrarrestado esta demanda con la oferta de una ayuda de 200 euros mensuales, aunque tan solo hasta los tres años. La medida será aprobada en una reunión todavía sin fecha del Consejo de Gobierno, pero no se encuentra entre las acordadas por el Parlamento en este pleno.

En la Cámara han salido adelante unas setenta resoluciones, lo que incluye a las 39 presentadas por los grupos del Gobierno, diez de ellas pactadas con partidos de la oposición, y 9 de EH Bildu, 9 de Elkarrekin Podemos-IU y 17 de las 50 de PP+Cs.

Entre las aprobadas a EH Bildu, se incluye «revisar los precios y modificar las tarifas de uso del transporte público para las personas jóvenes», unificando las tarifas entre los territorios. También se pide reforzar el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

Con Elkarrekin Podemos-IU ha habido acuerdo para, en el marco de sus competencias y con la implicación de los sectores implicados y los agentes sociales, «la extensión progresiva a 18 semanas de los permisos de maternidad y paternidad, iguales e intransferibles, en el ámbito privado».

Con el PP ha habido una aproximación en adoptar medidas para conseguir que en 2030 la edad de emancipación se sitúe por debajo de los 28 años y que ese mismo año la tasa de natalidad se haya incrementado un 15% sobre la actual, que es de las más bajas de Europa. PNV, PSE y PP+Cs han acordado también adecuar la oferta y demanda de plazas públicas en educación infantil 0-3, y conseguir a finales de 2023 la gratuidad en la etapa de 0-2 años, «reforzando el Consorcio Haurreskolak como servicio público, universal, de calidad y gratuito».

Sesión matinal

La mitad de los ciudadanos y ciudadanas de la CAV tiene menos hijos de los deseados por motivos económicos y laborales. Sitúan el número ideal de hijos en 2,2, pero la tasa de natalidad en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es de 1,28 hijos por mujer, una de las más bajas de Europa. La mayoría cree, además, que la edad ideal para emanciparse son los 25 años. Sin embargo, la edad media de emancipación de la juventud de la CAV es de 30,2 años.

Son datos que recoge el estudio que fue difundido el pasado 5 de mayo por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno de Lakua y que este martes ha puesto sobre la mesa el lehendakari Iñigo Urkullu en el debate monográfico sobre la estrategia demográfica que ha celebrado el Parlamento de Gasteiz a petición de EH Bildu.

A todas esas evidencias se suman la mayor longevidad que deriva en un envejecimiento de la población, la pobreza infantil, el alto precio de la vivienda, el sistema de cuidados, los roles asignados a hombres y mujeres o la reducción de la población en edad laboral.

Antes estos retos, Urkullu ha citado algunas de las medidas que contempla Ejecutivo. La principal propuesta es la creación de una ayuda directa de 200 euros al mes por hijo a cargo hasta los tres años. La prestación entrará en vigor el año que viene, la podrán cobrar familias que no superen una renta estandarizada de 100.000 euros anuales y será compatible con las actuales deducciones fiscales y ayudas por hijo de la RGI.

Así, ha especificado que las familias que cumplan el requisito de la renta percibirán 2.400 euros al año por descendiente, hasta los tres años, y contarán también con el ahorro que suponen las deducciones fiscales por un hijo –950 euros anuales– y por dos –alrededor de 2.100 euros–.

El lehendakari también ha dado a conocer que se habilitarán programas de préstamos subsidiados o sin intereses y de devolución a largo plazo para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda para jóvenes. Además, ha anunciado que ampliará a 275 euros mensuales las ayudas contempladas en el programa Gaztelagun. 

A su vez, ha recordado que el Gobierno garantizará la gratuidad en la etapa de 0-2 años reforzando el Consorcio Haurreskolak. Urkullu también ha informado de que se incorporará la perspectiva demográfica en la elaboración de normas, estrategias, planes o programas de inversión, modificando la Ley sobre el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

EH Bildu proponía 150 euros al mes hasta los 18

La coalición soberanista se ha mostrado crítica con la estrategia demográfica del Gobierno de Lakua ya que, según ha expuesto la parlamentaria Nerea Kortajarena, en el documento se describe ampliamente la situación demográfica, pero al final solo «se pone el acento, una y otra vez, en el objetivo de fomentar la natalidad».

Eso no es suficiente para EH Bildu, que cree que hay que cambiar el modelo, y para ello ha centrado su propuesta en adoptar políticas públicas: prestación universal de 150 euros por hijo hasta los 18 años, proyecto piloto de renta básica para jóvenes de entre 18 y 23 años, la gratuidad del transporte y las medicinas hasta los 12 años, límite a los precios del alquiler o reducir la jornada laboral de forma generalizada a las 32 horas o 4 días por semana.

Además, Kortajarena ha propuesto un nuevo organismo para «garantizar el derecho al cuidado digno y universal de las personas», con el objetivo de que este sea «referencial» en el ámbito de los cuidados al igual que Osakidetza lo es en el ámbito de la salud.

Kortajarena ha defendido que este es un tema que debe situarse en el centro del debate desde un cambio de perspectiva con el objetivo de lograr un «modelo demográfico sostenible y justo», en el que se tengan en cuenta como asuntos a incluir «la pobreza extrema, la inseguridad, la precariedad y el encarecimiento de la vivienda», y que los cuidados y el trabajo doméstico recaen fundamentalmente sobre las mujeres.



«Proponemos un nuevo punto de partida. No tenemos un problema demográfico, tenemos un reto demográfico», ha planteado Kortajarena, quien ha instado a Lakua a «dar un salto para el que se necesita un guión político que responda de forma inteligente y planificada» y que ponga el acento en las políticas públicas y en la organización de los cuidados.

Promover políticas «justas y valientes»

Por su parte, Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, ha considerado necesario hacer diagnósticos «pegados a la calle» para promover políticas «justas y valientes».



«Al Gobierno de Euskadi le gusta presumir y alardear de ser vanguardia en la protección de derechos, pero Euskadi ya no está en puestos tan de vanguardia, sino más de cola. Espero que hoy nos sirva de pistoletazo de salida para volver a formar parte de esa vanguardia», ha confiado.



En este sentido, ha planteado que para revertir la tendencia es necesario poner en marcha cambios que permitan recuperar el poder adquisitivo, pongan fin al deterioro de los servicios públicos y que avancen en el reconocimiento de la diversidad familiar, incidan en las condiciones de acceso a la vivienda y atajen la inestabilidad laboral.



Desde PP+Cs, Laura Garrido ha lamentado que «en Euskadi se va tarde» y ha destacado la «poca ambición y la ineficacia del Gobierno Vasco» tras insistir en que el pleno de hoy es «una gran oportunidad» para dar un «impulso definitivo» a esta materia.



Para ello, su coalición presentará medio centenar de propuestas de resolución desde una posición «constructiva», entre las que destacan un «cheque fiscal» vía IRPF de al menos 1.250 euros por cada descendiente menor de 18 años que conviva con el contribuyente, así como reforzar las deducciones por nacimiento por al menos 1.000 euros.



«Hay posibilidades porque las diputaciones han aumentado significativamente la recaudación y el Gobierno Vasco tiene un remanente importante. Hay que ser ambicioso y hacer un esfuerzo en la política fiscal. Es el momento de pasar a la acción», ha instado a las instituciones.