La entrada en vigor, a partir de este 1 de junio, de la normativa adoptada por la Mancomunidad Vasca pende de la decisión, que se anuncia inminente, del Tribunal de Pau.

A esa instancia han recurrido propietarios que cuestionan una medida que, según ha remarcado este miércoles en Biarritz el colectivo Alda! «constituye un avance social, ecológico y climático mayor».

Para el colectivo, esa medida debería permitir que unas 20.000 viviendas transiten hacia un uso estable por personas que viven y trabajan en el país.

El mecanismo implica que, además de pagar una mayor fiscalidad, los propietarios que ofrezcan un alquiler turístico deban poner en el mercado, como compensación, otro bien.

Una medida que cuestiona «el lobby inmobiliario», según ha contratado Alda! en el transcurso de la acción que ha llevado a cabo en Biarritz ante una residencia compuesta por 14 apartamentos de los que solo 2 están ocupados por vecinos que residen todo el año.

La norma, avalada por amplia mayoría en la Mancomunidad, que ha recibido hoy también el apoyo del alcalde de Angelu, el conservador Claude Olive, que en los micrófonos de FranceBleu se ha fijado en lo inmediato un objetivo más modesto: rescatar unas 11.000 viviendas.

Ello porque el reglamento debe ser aplicado por decisión de Alcaldía, lo que puede alargar los plazos, además de que la norma se aplicará de partida en las 24 localidades que se incluyen en la zona de alta tensión inmobiliaria, en su mayoría sitas en la costa labortana.

Estatuto de copropiedad, nuevo instrumento

En su acción en Biarritz, Alda! ha presentado un nuevo mecanismo para ayudar en esa labor de poner coto a la proliferación de pisos turísticos. Ha recordado que los estatutos de copropiedad no contemplan ese uso con fines comerciales.

El colectivo se propone contactar con los administradores de fincas con vistas a hacer respetar la ley. Un paso que, podría abocar a tribunales, y del que no se verían exentos los propietarios, conserjes y otros estamentos que han avalado el recurso contra el mecanismo de compensación arbitrado, en una decisión pionera, por la institución de Ipar Euskal Herria.

De partida, Alda! pide a la Mancomunidad Vasca que no autorice el cambio de uso de la vivienda a fin de dedicarla al alquiler ocasional «cuando el reglamento de copropiedad no autorice expresamente el uso comercial de ese bien».