La campaña que ha puesto en marcha la Coordinadora Antirracista de Nafarroa, compuesta por más de una veintena de entidades de distintos tipo, no pide una utopía. Simplemente reclama que se cumpla la ley en lo que se refiere al empadronamiento, un requisito imprescindible para acceder a servicios básicos la sanidad o la educación que son vetados a personas que viven entre nosotros.

«Parece tan fácil», han destacado Ebru Ergündüz y Ana Belloso, de la Coordinadora Antirracista, en un encuentro que han mantenido con los medios de comunicación en Iruñea. De hecho, la legislación vigente es muy flexible, en teoría, sobre el empadronamiento. Únicamente exige una identificación y decir dónde se vive. Para cumplir el primer requisito se puede utilizar el pasaporte o una fotocopia o cualquier cédula de acreditación. Para el segundo tampoco se es especialmente exigente. Puede ser un solar, una infravivienda, un albergue o, incluso, un local público. Pero entre lo que establece la ley y la realidad hay un mundo que afecta a la vida cotidiana de muchas personas.

«Pedimos que se cumpla la ley»

«Pedimos que se cumpla la ley», insisten las portavoces de la Coordinadora Antirracista de Nafarroa a la hora de explicar los pormenores de la campaña. De hecho, el empadronamiento no es solo un derecho sino también una obligación de la ciudadanía.

Cuando no se tiene un empadronamiento no se tiene acceso a la tarjeta sanitaria, ni al sistema educativo, ni al Servicio Navarro de Empleo, ni a la renta garantizada, ni a la biblioteca, ni a la piscina municipal. Tampoco es posible abrir una cuenta bancaria, imprescindible a su vez para muchos trámites, debido a que los bancos piden el empadronamiento aunque la ley no se lo exige.

«Sin padrón, no existes»

«Sin padrón no existes, no tienes derecho a nada», resume Abdel Mbarek, que ha vivido en primera persona qué supone no tener este documento. «Para el pasaporte, te piden el padrón. Para el padrón, te piden el pasaporte», añade, antes de destacar la responsabilidad que tienen las administraciones en esta situación.

Mbarek ha explicado que en Nafarroa existe un mercado negro vinculado a la necesidad de disponer de un empadronamiento. Hay gente que reclama dinero por empadronar a alguien en su casa.

Es lo que le pasó a Dikra Dadh Ouh. Cuando vívía en Madrid, la primera vez le pidieron 100 euros por el empadronamiento. La segunda vez fueron 160. En Iruñea, la tarifa subió hasta los 250.

La Coordinadora Antirracista explica que quienes se quedan fuera del empadronamiento responden, a grandes rasgos, a tres perfiles. Por un lado, están quienes se ven obligados a vivir en la calle, quienes no tienen hogar. En segundo lugar, están quienes viven en una habitación pero no tienen acceso al contrato de alquiler. En tercer lugar, están quienes no disponen de documentación en vigor.

Responsabilidad navarra

Junto a ello, subrayan que en esta cuestión «no se pueden echar las culpas a Madrid», ya que la competencia es local y tanto el Gobierno navarro como los ayuntamientos son los que deben atender esta demanda. En este aspecto, lamentan que no exista una ley navarra sobre esta cuestión y que haya que atenerse a la norma estatal. Que, por otra parte, tampoco se cumple. La Coordinadora Antirracista considera que una ley navarra permitiría establecer un marco de referencia para las administraciones locales del herrialde. Junto a ello, destacan que es necesario una mayor información en todos los ámbitos de la administración, comenzando en las Unidades de Barrio.

Mbarek ha explicado que en Nafarroa se dan casos como que, por carecer de la tarjeta sanitaria, se ha negado la asistencia si no se acreditaba previamente un medio de pago. Le pasó a él, en el centro de urgencias San Martín cuando acompañaba a una persona. No les dejaron pasar de la puerta. Cuando protestó, llamaron a la Policía Municipal.

También ha relatado que hay personas a las que se les ha retirado la renta garantizada porque vivían en un sitio diferente al que constaba en el padrón y no podían empadronarse en el nuevo lugar en el que vivían. Un laberinto burocrático que tiene efectos en la vida cotidiana de las personas.