Héctor Llaitul recibirá 12 millones de pesos (15.000 euros) del Estado de Chile por «abusos y crímenes de lesa humanidad» cuando era estudiante y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El nombre de Llaitul aparece en los registros de la Comisión Valech, organismo chileno presidido por el monseñor Sergio Valech creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, cometidas por agentes del Estado o de personas a su servicio entre septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado, hasta marzo de 1990.

Según los citados registros, el líder mapuche fue detenido por Fuerzas Especiales de Carabineros el 28 de abril de 1988 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, durante una marcha y protesta contra Pinochet. Desde allí fue trasladado en la cárcel de Quillota, donde fue incomunicado, torturado con corriente y agua, sometido a otras vejaciones y mantenido sin comida, durante 10 días seguidos.

En el juicio, denunció que fue sometido a torturas mediante «golpes de puños y pies, posiciones asfixiantes, esposado de rodillas y sometido a posturas forzadas, con golpes continuos y burlas debido a mi condición de mapuche y miope». Relató que lo mantuvieron «aislado en una celda sin luz, sin colchón ni baño, con solo una comida diaria consistente en un té y pan, donde fui interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI en tres ocasiones durante los diez días que permanecí incomunicado».

La sentencia se conoce semanas después de que grupos de la oposición exigieran al Gobierno que interpusiera una querella contra el propio Llaitul por llamar públicamente a la «resistencia armada» contra el Estado de Chile en respuesta a la decisión del nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric de declarar «Estado de Excepción» en la Araucanía.

Es el escenario de un ancestral conflicto entre los colonos a los que el Estado cedió tierras, los pueblos originarios mapuche que reclaman la recuperación de sus tierras y las grandes empresas forestales que explotan y diezman los bosques de la Araucanía y Bio Bio, con un área de alto valor ambiental.

A mediados de mayo, la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, decretó ese «Estado de Excepción» que durante mese había criticado, argumentando que busca «resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento». Hasta ahora, el mandatario Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022. El propio Boric terminó con esa medida al llegar al poder en marzo, para volver a implantarla dos meses después.