Desde 2005, Ecologistas en Acción realiza un informe sobre la situación de las costas del Estado español, alertando sobre las zonas que se encuentran en peores condiciones o que están amenazadas por proyectos que considera perjudiciales. Este año ha concedido 48 banderas negras, de las que tres han sido colocadas en Bizkaia y dos en Gipuzkoa.

En la costa vizcaina, el municipio de Muskiz la ha recibido por el «elevado nivel de contaminación» en la ría del Barbadun, mientras que en los casos de Gernika y Murueta es «por mala gestión ambiental» en lo que respecta a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

En Gipuzkoa, Donostia también aparece en este listado «por contaminación», mientras que al puerto de Mutriku se le reprocha «mala gestión ambiental».

El proyecto del Guggenheim en Urdaibai

En el caso de Urdaibai, Ekologistak Martxan motiva esta bandera negra «un año más» por «el descabellado proyecto de construir dos museos subsidiarios del Guggenheim Bilbao» en esta zona natural protegida por la Unesco como reserva de la biosfera desde 1984.

La ONG da por supuesto que, de llevarse a cabo el proyecto que ahora defienden la Diputación de Bizkaia y el Gobierno de Lakua, sería necesario «ampliar o modificar carreteras y hacer aparcamientos en Gernika si solo hubiera una sede, y en Gernika y Murueta de haber dos».

Señala que «si bien los impactos al medio ambiente se ven reducidos dado que se planea actuar sobre zonas ya muy humanizadas y degradadas», como el caso de Gernika, «no es cierto que se puedan clasificar de bajos». 

Reiterados vertidos de Petronor

Tampoco es la primera vez que otorga este pendón al «punto negro más contaminante de Euskadi», la planta química de Petronor ubicada en Muskiz, a la que acusa de «incumplir la normativa de costas implantando una planta de coque ilegal y salvarse ‘in extremis’ de pagar una multa de hasta 200 millones de euros por una triquiñuela legal».

Y puntualiza que se le concede la bandera a Petronor cuando en este caso «casi estaría más justificado otorgar la de mala gestión a las distintas instituciones, como el Gobierno Vasco, la Fiscalía o la Dirección de Costas que, o bien por negligencia o bien por afán de lucro, protegen a la empresa para que con total impunidad se salte las leyes ambientales, de costas etc. y contamine toda la ría del Barbadun y ocupe 46.000 metros cuadrados de terreno público de costas sin los permisos adecuados».

Puerto de Mutriku, más de 500 nuevos amarres

El puerto de Mutriku entra en este informe por la adjudicación de la obra de ampliación del dique exterior. «Se ha licitado una obra de 20 millones de euros, haciéndola pública solo en la página de contrataciones del Gobierno Vasco, sin ningún tipo de publicación en Boletín Oficial alguno y sin ninguna comunicación al propio Ayuntamiento», afirma Ekologistak Martxan.

La ampliación del dique conlleva la creación de 500 a 600 nuevos amarres, ampliando el puerto deportivo «lo que, sin duda, traerá consigo el impulso de nuevos proyectos urbanísticos, entre otras afecciones».

Recuerda que, en un principio, el proyecto «se vendió« como solución al declive del puerto pesquero y augurando que, al situarlo en la parte exterior de la bahía, «se le agregarían una serie de instalaciones que lo situarían entre los mejores puertos del País Vasco».

El colectivo ambiental propone «no alargar más el dique, terminando y rematando la obra en el punto hasta donde está construido», así como «construir una compuerta que se sitúe en la entrada del puerto histórico, algo bastante habitual en otros puertos».

Donostia, olas artificiales en el monte

La bandera negra por contaminación para Donostia no tiene relación con la situación de sus arenales, sino con el proyecto que afectaría a la loma de Antondegi, a unos cuatro kilómetros de la costa.

En opinión de Ekologistak Martxan, la construcción de una instalación de olas artificiales en este lugar «supone un consumo considerable de recursos que, sumado a la degradación del entorno natural y a la cercanía de la costa, resulta incompatible con el estado actual de emergencia climática».

Considera que se trata de un proyecto que supone «la artificialización de un espacio verde y con un impacto medio ambiental  significativo, y en gran medida contrario a los valores de la comunidad surfista».