«La querella argentina sigue viva. La revocaron pero apelamos y esperamos la decisión»
Julieta Bandirali es una de las impulsores de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y ha viajado a Iruñea en el marco de una visita en la que ha mantenido contactos con representantes de distintas instituciones para informar del desarrollo de esta iniciativa.
![Julieta Bandirali, abogado impulsora de la querella argentina, en Iruñea.](/media/asset_publics/resources/000/909/312/article_main_landscape/Bandirali.jpg)
¿Cuál es el objetivo de este viaje?
Fundamentalmente, estoy contando cuál es el estado actual de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. También es para subrayar la importancia en la misma de la cuestión de Sanfermines de 1978, que aun siendo una de las últimas que se presentaron fue uno de los cinco casos que fue tomado en cuenta para el procesamiento de Martín Villa. Sobre todo, el mensaje es el de recabar la solidaridad y el apoyo. Yo soy de las que cree que la pelea o este partido, utilizando una metáfora futbolera muy común en la Argentina, se juega en la cancha de los tribunales, pero también se juega afuera y, fundamentalmente, el movimiento social de apoyo es lo más importante. No es solo el papel, el frío Derecho, por más normas progresivas que tengamos y que actúen los mejores jueces (eso siempre es relativo). Si no hay un apoyo de la gente, no se avanza. Si fuera maestra, a la querella de Sanfermines 78 le podría excelente, un diez, en la calificación. Como abogados, le hemos dado la forma jurídica, pero la carnadura de la querella ha sido obra de las asociaciones como Sanfermines Gogoan 78 y de los grupos memorialistas, que se han encargado de sistematizar todos los datos, los hechos. Esto fue fundamental para que la juez Servini fundara su auto de procesamiento del jerarca del régimen, que pudimos casi atrapar. En ese sentido, creo que las instituciones, acá, han tenido una actitud bastante activa respecto a a la cuestión. Sé que hay referencias políticas, como en todos lados. Sé que cuando ha estado el sector más de izquierdas, más progresista, en el Gobierno se ha sido más activo. Eso se nota.
El procesamiento de Martín Villa fue anulado en casación, pero la causa continúa porque se recurrió esta decisión.
Efectivamente, no será el final del proceso. Esa revocatoria está apelada por nosotros, por los querellantes. Y la siguiente instancia es la Cámara de Casación Penal. Ha habido otras coyunturas, dentro de la misma querella, donde la última palabra la tuvo la Cámara de Casación y fue favorable a que la causa continuara. Así que no está todo perdido. Si bien revocaron el procesamiento, no han dicho que está sobreseído. Está en una situación en la que estamos viendo para qué lado irá. La juez sigue pidiendo medidas de reprueba. Lamentablemente, el Estado español, la Judicatura y el poder Ejecutivo, son muros muy duros y muy difíciles de horadar. La negativa es permanente a cualquier tipo de colaboración. No son medidas detectivescas. Le están pidiendo que le informe sobre si hubo una causa judicial o que le mande copia certificada de los autos. Son cuestiones de trámite burocrático. A eso no responde. Eso produce en la jueza una suerte de cansancio, porque no sabe cuál va a ser el final de esto. Alguna vez hemos tenido el temor de que fuera el final y que pudiera ser archivada por imposibilidad de investigación. Pero hasta ahora no ha sucedido.
Entre las canchas en las que es difícil jugar el partido está la de la judicatura española, que no ha sido muy colaborativa. El mero hecho de que se esté juzgando esta causa en Argentina evidencia que ha habido una dejación de funciones.
Tengo entendido que algunas juezas, creo que son todas mujeres, en primera instancia en algunos lugares del Estado español han acogido primeramente algunas denuncias. Pero no es la política de Estado, claramente. La política de Estado es que no son crímenes de lesa humanidad porque antes de 2012 esas normas internacionales no se incorporaron al sistema español. Lo que es una contradicción total y absoluta, porque el sistema de justicia español sí que aplicó antes de esa fecha los principios de justicia universal contra los militares argentinos, contra Pinochet, contra los guatemaltecos, ... Y ahí sí existía para el Derecho español. No existe para los propios, pero sí para los ajenos. Espero, sinceramente y porque no quiero ser crítica porque no es mi país, que ese fenómeno que se dio en la Argentina y que dio inicio a esa causa llegue acá. Los argentinos vinimos buscando justicia a España por nuestro propios militares genocidas en los año 90. Encabezaba esa demanda de justicia el abogado Carlos Slepoy. Para nosotros es un referente ineludible de la justicia universal. Acá se nos escuchó. Y acá se juzgó a Scilingo. Y acá sucedía que se pedían extradiciones y el Gobierno de Menem no las daba. Pero esa gota que horadaba la piedra, combinada con el movimiento de derechos humanos en la Argentina, logró finalmente la declaración de inconstitucionalidad y la derogación de las normas de impunidad como el la Ley de Punto Final y de Obediencia debida. Lo que se estaba logrando en España se transporta a Argentina y se logra que se abran los juicios. Esta jugada nuestra que empieza en el 2010 en Buenos Aires tenía la idea de que produjera el mismo fenómeno. Ayer por nosotros y hoy por ustedes. Pero hasta ahora eso no ha pasado.
¿Cómo acabó el expediente de Iruñea a sus manos?
La querella empezó en el año 2010 por iniciativa de un grupo de abogados históricos de derechos humanos. En ese momento, me parecía muy importante, pero no veía que pudiera provocar un efecto en las reglas de la realidad. Hasta que en 2012 tuve una emoción enorme de conocer a cuatro personas que me dieron vuelta a la cabeza. Fueron el Chato Galante, Josu Ibargutxi, Sabin Arana y Manolo Blanco Chivite. Entonces, ahí, me sentí hermanada con ellos por distintas razones. Primero, descubrí que quienes querían justicia eran gente de carne y hueso. No estábamos hablando solo, y no es por minimizar, de abrir fosas o de situaciones del año 1936, 1937 o 1938, sino que era cosa actual, concreta. Eran todos mis coetáneos, mis compañeros, porque yo soy parte de la generación de los 70 y fui militante en mi país. Vi claridad en los objetivos. Vi explicaciones, mucha polenta como decimos, mucha fuerza. Eso me conquistó, me enamoró. En el año 2013 conocí también a Slepoy, que no lo conocía, y logramos hacer una amistad muy fuerte. En una semana hicimos la plataforma de apoyo a la querella en la Argentina. Mi primera actividad fue de solidaridad en el activismo social. La parte jurídica llegó después. En lo personal, todo lo que fue la Revolución española, como yo la llamo porque no me gusta el término Guerra Civil puesto que fue una lucha entre la República y los fascistas, me llamó siempre mucho la atención y me definió políticamente. A pesar de que mi apellido es italiano, en mi casa siempre se vivió muy fuerte la solidaridad en favor de la República. Mi abuela era gallega. Mi mamá me lo transmitió. Es una cosa de esas que tenemos los argentinos en nuestra sangre, que es una mezcla de tantas trayectorias y orígenes que luego siempre salen.
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