Los 46 casos reconocidos este año por el Gobierno de Lakua suponen realmente muy pocos respecto al total de la violencia estatal y no llegan al 10% de las últimas solicitudes presentadas por sus víctimas reales, pero sí permiten extraer una imagen detallada de lo que ha sido la violencia del Estado contra la ciudadanía vasca. Hay una línea continua que va desde el franquismo hasta la actualidad, con distintos protagonistas e intensidades. Y también hay un epílogo, que es el intento de las FSE (especialmente Guardia Civil) de sabotear este proceso de reconocimiento, ahora con recursos contra las denegaciones de sus solicitudes fraudulentas.

El informe de 42 páginas entregado el miércoles por la Comisión de Valoración al Parlamento de Gasteiz supone una breve acta oficial de las muertes, torturas, cargas y otro tipo de agresiones perpetradas durante décadas, encarnados en estos 46 casos, escasos pero sin duda representativos.

Así torturaba Manzanas

Cronológicamente, los primeros episodios reconocidos son de hace más de seis décadas (1961 y 1962). El informe incluye dos testimonios de personas torturadas por el grupo que lideraba Melitón Manzanas, casi una década antes de que ETA lo matara. Corresponden a la época en que la Policía franquista ni siquiera ocultaba su sadismo.

Estos son extractos de uno de esos dos relatos avalados ahora por la Comisión: «Durante el interrogatorio (…) le propinaron un fuerte golpe en la garganta con el canto de la mano, que le dejó sin habla. Recibió bofetadas y golpes secos en la garganta y rostro cada vez que afirmaba desconocer la respuesta a lo que se le preguntaba, así como tremendos golpes en el oído, asestados desde atrás, que afectaron a su audición y le provocaban un tremendo zumbido en el cráneo».

«Encontrándose aturdido por las circunstancias, fue azotado, simultáneamente, por cuatro policías que trataban, con violencia, que el detenido dijese lo que ellos querían oír. En un momento dado, le conminaron a quitarse la ropa. Ante su negativa a desprenderse del pantalón, un policía se arrojó sobre él y se los bajó de manera brusca. Así, semidesnudo y humillado, fue obligado a arrodillarse sobre un montón de piedrecillas puntiagudas y cortantes que habían colocado ante él, en el suelo. Las piedras se clavaban en sus rodillas produciéndole un gran sufrimiento, más aún cuando los policías, provistos de una porra y una regla, le propinaban puñetazos y patadas», sigue el testimonio.

Uno de aquellos policías apareció luego con una mano vendada para decirle al detenido: «Mira las ventajas que conseguimos contigo. Me disloqué la muñeca». La víctima fue conducida a Martutene, donde «incluso el médico de la prisión quedó impresionado por su estado. Tras 15 días de incomunicación, prestó declaración ante el coronel Eymar, siendo trasladado a la Prisión Provincial de Madrid».

Querer morir en los calabozos

Con todo, la tortura siguió siendo aplicada tras la muerte de Franco, con evoluciones en los modos más que en las consecuencias sobre sus víctimas. Provocan sufrimientos hasta el presente, como constata la Comisión de Valoración poniendo como detalle el extremo padecimiento de una de las personas solicitantes al tener que narrar las torturas que le infligieron en 1988. La entrevista fue muy tortuosa, certifica.

La Comisión certifica el grado de sufrimiento de las personas torturadas, con casos como el de la joven de 18 años que se arrojó de una ventana

«Un sentimiento que se repite en los testimonios de muchas de las personas torturadas es el de que, en un momento u otro, hubiesen deseado morirse en aquellas situaciones –subraya el informe–: ‘¡Matadme! ¡Prefiero morir antes de seguir con esto!’. Algunas de ellas intentaron suicidarse para no seguir sufriendo, como una mujer de 18 años que se arrojó por una ventana abierta que daba a un patio interior del Gobierno Civil de Donostia. Momentos antes le habían sacado de la celda para dirigirse a realizar el cuarto interrogatorio, y ella solicitó ir al baño: ‘La ventana se encontraba abierta de par en par, se subió al alféizar, dio un paso adelante y se dejó caer’. La joven no murió, pero quedó malherida y con secuelas», detalla.

Una «ejecución extrajudicial», reconocida

Este segundo informe de la Comisión de Valoración solo pone nombre y apellido a uno de los casos, el de Mikel Zabalza, que por su especial repercusión social fue hecho público el pasado mes de febrero y dio pie incluso a un acto oficial con representantes de Lakua y las familias en Orbaitzeta.

No obstante, otros casos pueden identificarse con cierta facilidad a partir de los datos aportados en el informe. Es lo que ocurre con Mikel Murgia «Murgi» y Joxe Benito Mujika «Xenki», militantes de ETA muertos a manos de la Guardia Civil en Lekeitio en 1972. Es la primera vez en que la Comisión dictamina sobre «hechos compatibles con una ejecución arbitraria o ejecución extrajudicial». Y los considera víctimas, sin género de duda, tras el análisis objetivo de los hechos.

«Desde primeras horas de la mañana del 2 de septiembre de 1972, la Guardia Civil cercó el edificio con alrededor de 40 efectivos. Según los testimonios de testigos recabados por la Comisión, uno de los fallecidos recibió un disparo ‘certero”’ cuando abrió la puerta del balcón. El otro, viendo a su compañero mortalmente herido, pidió un médico a gritos y se dispuso a entregarse, arrojando las armas por la ventana. Sin embargo, cuando hablaba con varios guardias civiles a través de la puerta de la vivienda se escucharon ráfagas de metralleta que acabaron con su vida», expone.

Más detalles sobre este caso en el informe: «Juan Bengoetxea, uno de los dos médicos que examinaron los cadáveres, declaró en entrevista mantenida con la Comisión que la marca de la bala que tenía el primero era muy precisa, como la que habría hecho un francotirador. El otro cadáver presentaba en la zona lumbar y dorsal más de 20 orificios de bala con salida por la zona anterior del cuerpo. Todos los orificios de entrada se encontraban en la parte posterior del cuerpo, no existiendo ningún orificio de entrada en las zonas costales o anterior». 

La Ertzaintza, también

Entre estos 46 casos reconocidos en el curso (que se suman a los 35 del anterior y a los 187 del proceso anterior) hay uno correspondiente a la Ertzaintza. Se refiere a la agresión grave con pelota de goma a un joven, un tipo de violencia producido también por otros tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía española y Policía Armada) en los casos analizados este curso.

La Comisión subraya que este de la Ertzaintza «es más reciente, de enero de 1997. Un joven perdió un ojo al ser alcanzado por una pelota de goma disparada por un agente de la Ertzaintza en el barrio del Antiguo de Donostia. La víctima se encontraba en un bar del recinto festivo, en el descanso de un concierto en un frontón abierto. Al parecer, se había celebrado una manifestación por las calles adyacentes, pero según los testigos no había presencia de encapuchados ni de disturbios en aquel lugar».

El informe recalca este aspecto para justificar así el reconocimiento como víctima de este joven: «En ausencia de ninguna necesidad de orden público se hace un uso de la fuerza improcedente –innecesaria– incongruente con cualquier finalidad legal ni legítima y, por tanto, del todo desproporcionada».

Tras la violencia, el boicot

Por último, el informe no pasa por alto lo que podría entender como una vulneración de derechos en el momento presente: la cascada de solicitudes de reconocimiento fraudulentas, impulsadas en una campaña dirigida sobre todo desde el entorno de la Guardia Civil y que sacó a la luz GARA antes de su reconocimiento oficial.

La ofensiva para obstruir este proceso con solicitudes fraudulentas sigue: hay 80 recursos contras las denegaciones

En este curso han sido 523 los intentos de fraude rechazados, sobre un total de 573 expedientes analizados por la comisión, lo que muestra el grado de obstrucción producido contra la labor de estos expertos. Según detallan, de ese total 473 han sido protagonizados por agentes de las FSE y los 50 restantes son obra de personas que habían sufrido acciones de ETA o «kale borroka»...

La campaña de sabotaje parece seguir, porque el informe revela que hay ya 80 recursos contra las denegaciones (15 de ellos presentados fuera de plazo). El motivo del rechazo es claro y lo resume así la Comisión: «Los hechos alegados no se encuentran en el ámbito de la Ley 12/2016, de 28 de julio, puesto que no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado».

El liderazgo de la GC en esta ofensiva se explica en el dato de que es también el cuerpo que más casos de violencia reconocidos tiene: entre estos 46, 18 corresponden a la Guardia Civil, 15 a la Policía, otros 4 son comunes a ambos, 1 de la Ertzaintza, 2 de la Triple A, 2 del Batallón Vasco-Español, 1 de Fuerza Nueva, 1 de Guerrilleros de Cristo Rey y 2 sin esclarecer autoría.