El presidente de la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, Jon García Arruabarrena, ha mostrado este martes su satisfacción por la ley que este miércoles pasará uno de los últimos trámites en el Congreso de los Diputados y que posibilitará la creación de un fondo de compensación de 25 millones de euros para este colectivo de afectados. La iniciativa llegó a las Cortes por iniciativa unánime del Parlamento de Gasteiz. PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU han hecho público un comunicado en el que han asegurado que «no queremos más dolor ni más calvario en los tribunales».

Arropado por Maitane Ipiñazar (PNV), Eba Blanco (EH Bildu), Gloria Sánchez (PSE) y Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU), con los que se había reunido previamente, Jon García Arruabarrena ha hecho una valoración positiva de la nueva ley en términos generales, por las coberturas que ofrece, porque dependen orgánicamente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, porque se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y porque se espera que el desarrollo reglamentario se realice en tres meses.

Sin embargo, también ha dejado constancia de que «quedan elementos de vital importancia», como la exención fiscal de las indemnizaciones, su cuantificación y la determinación de los beneficiarios, que están pendientes de desarrollo reglamentario.

Siete años y más de «peregrinaje»

PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU han acompañado presidente de la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie) a quienes han agradecido su «empuje y fuerza», que han asegurado que «nos ha hecho que nosotras y nosotras tampoco hayamos decaído. Por fin, tras muchos años, vamos a corregir una enorme injusticia». Y han insistido en que «ha llegado la hora de saldar esta deuda contraída con aquellas personas que jamás deberían haber enfermado por su exposición a una sustancia cancerígena como es el amianto. Estamos con vosotros y vosotras, y de corazón, os damos las gracias por habernos traído hasta aquí».

Han recordado que «desde hace siete años, este Parlamento lleva reclamando al Gobierno español un fondo de compensación». Han llamado la atención sobre que «hablamos de un problema vivo, de un problema de salud que ha afectado, afecta y afectará a miles de personas que durante años han convivido con esta sustancia altamente tóxica».

Los partidos firmantes esperan que este «fondo, que nacerá con una dotación de 25 millones de euros, ayudará a víctimas y familias a no tener que luchar por sus derechos en los juzgados, con el coste que ello acarrea, tanto en lo económico como en lo personal».

Dirigiéndose a los afectos, los partidos han admitido que «sabemos que durante muchos años, demasiados, os habéis sentido solas, desamparadas… Sin la protección debida. Hay mucho sufrimiento en el camino, mucha angustia, mucho dolor… Sabemos que en muchos casos no llegamos a tiempo. Sabemos que este debate se tenía que haber resuelto hace ya muchos años».

En todo caso, entienden que «el paso» que este miércoles «se dará en el Congreso, aunque no será el último –falta la ratificación en el Senado–, sí será uno de los más importantes en este peregrinaje no exento de problemas y de aplazamientos».