El Departamento de Salud y Osakidetza han negado haber infligido «violencia obstétrica» –aquella sufrida en centros de salud durante la atención al parto– a una mujer que fue sometida, en el año 2012, a una inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento, y con los brazos atados, tal como recoge un dictamen emitido este jueves por Naciones Unidas. Han asegurado que una sentencia firme acreditó que la asistencia prestada fue «acorde a los protocolos médicos» y la madre no sufrió «ningún daño físico o psíquico».

Según han explicado en un comunicado, la mujer interpuso una denuncia en 2015 por «responsabilidad patrimonial» de Osakidetza ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Donostia. Esta instancia emitió una resolución judicial firme el 13 de octubre de ese mismo año. Desestimó el recurso, al entender que no concurrían los requisitos para que existiera responsabilidad.

Las autoridades sanitarias han incidido en que la sentencia dictaminó que «no existió ningún daño físico o psíquico causado a la paciente como consecuencia de la asistencia prestada en el Hospital Universitario de Donostia». Estableció que «la asistencia prestada fue acorde a los protocolos médicos» y acreditó que «la actuación de todos los profesionales intervienes en el proceso de parto de la paciente fue correcta y adecuada a las normas».

El informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de las Naciones Unidas, formado por 23 expertos (22 de ellos mujeres) y presidido por la peruana Gladys Acosta, señala que el procedimiento judicial estuvo «marcado por estereotipos de género».

Por ello insta al Estado español a proporcionar a la víctima una «reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos». También le solicita que «respete la autonomía y capacidad de las mujeres», brindándoles información completa en cada etapa del parto y garantizando que se obtiene un consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar cualquier tratamiento invasivo durante el parto.