Anna Gabriel ha regresado de su exilio en Suiza y se ha puesto a disposición del Supremo español, según ha informado el propio tribunal en una nota. El juez Llarena la ha citado para ser interrogada «en fechas cercanas y con participación del resto de las partes personadas en el proceso». Realizada la citación, queda en libertad provisional, quedando sin efecto la orden de búsqueda y detención existente contra ella, así como la declaración de «rebeldía».

Gabriel ha comparecido de forma voluntaria ante el Supremo, acompañada de su nuevo abogado, Iñigo Iruin. Procesada en marzo de 2018 por «posible implicación en la declaración unilateral de independencia» de Catalunya, la exdiputada de la CUP se encontraba en Suiza desde febrero de 2018 y fue declarada «en rebeldía» en julio de ese mismo año, a pesar de no emitir en ningún momento una orden europea de detención.

«Después de cuatro años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca debía haber perdido, ni yo ni nadie», ha señalado la propia Gabriel en una nota difundida por el Comitè de Solidaritat. «Este paso responde a una serie de consideraciones, reflexiones y análisis que tienen que ver tanto con el contexto polítivo y judicial general, como con una serie de circustancias personales», ha añadido.

La militante de la CUP ha remarcado que «en coherencia con una serie de responsabilidades profesionales y personales» seguirá viviendo en Suiza, donde es secretaria general del sindicato UNIA del cantón de Ginebra, pero que sus «compromisos políticos y sociales se mantienen donde estaban, con mi pueblo, mi gente y, de forma muy especial, con el conjunto de las personas represaliadas».

El Comitè ha añadido que durante los últimos meses «se han producido diversas indagaciones y aclaraciones sobre la situación procesal» y que la orden de detención emitida en febrero de 2018 al no comaprecer en el Supremo ha quedado sin efecto.

El auto emitido por el juez Llarena establece como obligaciones a Gabriel comparecer ante el Supremo cuantas veces sea llamada y la designación de un domicilio y teléfono donde ser localizada.