Una investigación del diario ‘Expresso’ señala que, además del cardenal-patriarca de Lisboa, al menos dos obispos de Portugal ocultaron denuncias de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica lusa.

Junto a Clemente, «habrían tenido conocimiento de quejas de abusos por parte de sacerdotes y no comunicaron sus sospechas ni a la Policía Judicial ni a la Fiscalía» el obispo de Guarda, Manuel Felício, y el obispo emérito de Setúbal, Gilberto Reis, entre otros.

Según ‘Expresso’, hace una década, Felicío ya recibió denuncias sobre abusos contra el entonces vicerector del seminario de Fundao, Luis Mendes, pero ocultó las quejas, aunque el sacerdote finalmente fue detenido y condenado.

En Setúbal, donde Gilberto Reis ejerció como obispo entre 1998 y 2015, las denuncias contra uno de los sacerdotes de la diócesis terminaron en una investigación que apartó al sospechoso durante varios años, aunque una investigación canónica le devolvió al ejercicio como párroco.

Este caso añade fuego a la reciente polémica generada en Portugal después de que el diario ‘Observador’ revelara que el Patriarcado de Lisboa no derivó a la Policía una denuncia por presuntos abusos sexuales a un menor a finales de la década de 1990.

Además, el sacerdote denunciado en ese caso se mantuvo en activo con funciones de capellanía.

En 2019, Clemente, que ya era patriarca de Lisboa, se volvió a reunir con esa víctima, que «no quiso divulgar el caso», alegó el cardenal en una carta abierta hecha pública el pasado viernes, en la que defendió que tomó «una decisión teniendo en cuenta las recomendaciones civiles y canónicas vigentes».

El Patriarcado de Lisboa precisó que el sospechoso está «actualmente hospitalizado y cesó funciones en el centro hospitalario donde trabajaba».

Un sacerdote denuncia a doce colegas

La investigación recoge también testimonios de un sacerdote que denuncia a doce colegas –seis aún en activo– por sospechas de abusos sexuales a menores de edad.

El denunciante, según ‘Expresso’, realizó su primera denuncia en 1997 sobre abusos, pero no tuvo respuesta por parte de la jerarquía de la Iglesia, aunque eso no le hizo desistir y siguió recopilando testimonios que ahora ha trasladado a la Comisión que investiga los abusos en Portugal.

«Pude evitar suicidios de jóvenes víctimas de abusos, pero no conseguí parar otros», admite el sacerdote a ‘Expresso’.

Según el diario, uno de los apuntados por el denunciante ya fue investigado por la Iglesia y la Fiscalía, y el caso fue archivado.

Otro de los denunciados ha sido señalado por más de una decena de víctimas que fueron abusados cuando eran boy scouts. La Fiscalía investigó también las denuncias y las archivó.

El Patriarcado de Lisboa alega que tuvo denuncias sobre este sacerdote en 2013 y dos años después, recibió autorización del Vaticano para promover su expulsión. Sin embargo, solo en 2020 el sospechoso pidió la dispensa de sus obligaciones y en la actualidad ejerce como padre en la Iglesia evangélica.

Investigar hasta el final

Los miembros de la comisión independiente que investiga los abusos en la Iglesia serán recibidos este viernes por el presidente luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

«Hay que llevar la investigación hasta el final, tarde lo que tarde», afirmó el presidente a los periodistas en la noche del jueves.

«Lo que mata las instituciones es el miedo a apurar la verdad», insistió. «Descubrir, denunciar y castigar es una capacidad de un Estado de Derecho vivo».

Estas declaraciones suponen un giro en la postura mantenida hasta ahora por el presidente luso, que, apenas hace una semana, cuando estalló la polémica por la actitud del Patriarcado de Lisboa sobre los abusos, dijo no encontrar «ninguna razón para considerar que pudieran haber querido ocultar a la justicia la práctica de un delito».

Portugal vive este año su primera investigación a gran escala de casos de abusos en el seno de la Iglesia (centrada en agresiones a menores de edad), en un país donde más del 80% de la población se declara católica.

La comisión que estudia estos abusos a menores en el país ha recibido en seis meses cerca de 350 denuncias.

De los centenares de denuncias notificadas, solo 17 han sido derivadas a la Fiscalía porque los delitos no han prescrito o tienen posibilidades de prosperar.