Como ha recordado este lunes en una nota de prensa, el 4 de setiembre de 2021 el Foro Social Permanente hizo llegar sus reflexiones en torno a la nueva ley de secretos oficiales al ministro español de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y al conjunto de los grupos parlamentarios que configuran «la mayoría de investidura» en el Congreso de los Diputados.

En sus propuestas abogaba por que el debate sobre la reforma legislativa «se afronte exclusivamente desde la perspectiva de los parámetros internacionales y que no se incluyan nuevos corsés que dilaten más de lo estrictamente necesario el acceso a los archivos oficiales».

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el anteproyecto de ‘Ley de Información Clasificada’ que pretende poner fin a la ‘Ley de Secretos Oficiales’, la norma franquista aprobada en 1968 que sigue en vigor.

No responde a las expectativas de las víctimas

Tras conocer el contenido del anteproyecto y «tomar nota» de las primeras valoraciones de los grupos parlamentarios y del propio Ministerio, el Foro Social ha señalado que le resulta «decepcionante» y que «no responde en absoluto a las expectativas que varias de las víctimas del GAL y de la tortura tienen puestas en el acceso a estos archivos secretos».

Ha resaltado que estas víctimas han defendido que «la reforma de esta ley es una de las pocas vías factibles para revelar la verdad de sus casos».

En cambio, según el Foro Social, el anteproyecto «determina un corsé temporal aún mayor que el de la ley de 1968, y no hace más que ahondar en la revictimización de estas personas», además de «garantizar la impunidad» de quienes cometieron aquellos hechos.

El «campamento base» del Parlamento navarro

No obstante, este organismo considera que «existen condiciones suficientes» en el Congreso de los Diputados para que, en la fase del debate del anteproyecto, se pueda avanzar hacia «un acuerdo que tenga como único principio el derecho internacional de no discriminación entre víctimas de vulneraciones de derechos humanos». En otras palabras, «que todas las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación».

El Foro Social opina que un «campamento base» para acercarse a ese consenso es el acuerdo del Pleno del Parlamento de Nafarroa del 18 de marzo de 2021, en el que se aprobó una moción que pedía al Gobierno español que modifique la Ley de Secretos Oficiales «en la línea en la que ya lo han hecho otras democracias avanzadas como Reino Unido, Italia o Alemania».

La iniciativa de la Cámara navarra –a favor de la cual votaron PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra– hacía alusión concreta a la necesidad de «conocer con transparencia los pormenores que rodearon la muerte de Mikel Zabalza en 1985».