Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno español afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves, aunque la ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no prevé que una «aplicación inmediata» de las multas.

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado a Europa Press que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.

Sin embargo, Teresa Ribera ha subrayado este martes que «no se trata de una aplicación inmediata» y que la colaboración de las comunidades autónomas es «capital». «No creo que haya una voluntad de insumisión generalizada», ha asegurado Ribera en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

«No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», ha explicado.

No obstante, ha advertido de que «si pasa el tiempo y aquí no pasa nada», habría que pensar «obviamente» cuáles son los recursos y «probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias» si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma. «Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión», ha subrayado.

Aire acondicionado, escaparates...

Este miércoles entrarán en vigor las primeras medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno español para reducir rápidamente el consumo de energía. Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 serán las primeras iniciativas y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Posteriormente a esta publicación en el Boletín Oficial se matizó que, por cuestiones de salud laboral, estas temperaturas de referencia pueden ser relajadas a otras más cómodas, como los 25 en verano del plan que presentó Lakua por su cuenta y que ha quedado en agua de borrajas.

Las dos administraciones vascas han asumido íntegramente el contenido de estas medidas, aunque Lakua se ha quedado de falta de diálogo previo. También lanza mensajes de que se actuará «con flexibilidad» en el aspecto sancionador.