El comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Pasaia (integrado por LAB, CCOO, ELA y UGT) ha difundido este miércoles un comunicado con el que quiere denunciar «la situación prolongada en el tiempo» mantenida por «la dirección empresarial», que «perjudica seriamente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, daña a la organización de la empresa y, por ende, pone en peligro el futuro del Puerto de Pasaia».

Ha incidido en que la APP es una «empresa pública», encargada de «gestionar la gran dársena guipuzcoana y sus espacios de carga y descarga», así como de «garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y el control de las empresas que operan en el puerto».

A su juicio, «el problema fundamental es la falta de personal» en la mayoría de las secciones de la APP, lo que achacan a la gestión de los directivos «con César Salvador a la cabeza, exdirector que lleva manejando los hilos durante los últimos 20 años», cuando eran más de 200 trabajadores y trabajadoras.

Ahora, Salvador es el responsable del Área de Recursos Humanos y «principal ‘asesor’ en materia de personal», del actual director de la APP, David Candelario, y del presidente, Joaquín Telleria.

«Con 80 me bastan»

«Ya entonces (Salvador) decía que 80 le bastaban…», ha subrayado el comité de empresa, que ha confirmado que, hoy en día, la plantilla la integran 80 trabajadores fijos y unos 18 eventuales.

Además, hay 17 personas fuera de convenio en puestos de alta responsabilidad, «colectivo este que mantiene el mismo número desde siempre, este grupo no decrece...».

«Por lo tanto, estamos en el escenario previsto por la dirección hace ya tiempo», ha añadido. Un escenario al que se ha llegado porque «se acometió una progresiva privatización de los servicios públicos» que tiene asignados la Autoridad Portuaria.

En concreto, a finales del siglo XX «se deshizo» de las grúas, el Servicio Médico, el servicio de arrastre por ferrocarril y la draga. Ya en este siglo, «se ha ido deshaciendo» de la limpieza, las básculas, jardinería y carpintería, y «dejando bajo mínimos los talleres de mantenimiento que van desapareciendo al mismo tiempo que se jubilan sus últimos trabajadores».

Todos estos servicios pasaron a ser desempeñados por empresas de capital privado, mientras que, según indica el comité, «el escaso personal de mantenimiento se dedica a reparar averías y contratiempos puntuales, en detrimento de labores de mantenimiento preventivo y estructural por lo que las instalaciones van perdiendo operatividad, convirtiéndose en obsoletas».

Y los recortes no han quedado ahí, ya que «la política de destrucción de empleo público» se ha extendido a los servicios de administración y oficinas.

Consecuencias en el día a día

El comité ha concretado que «las consecuencias de esta apuesta por la privatización son notorias en el devenir diario», citando casos «tan incomprensibles» como que se paralicen labores de mantenimiento por la falta de guantes, que haya cortes de suministro del depósito de agua propio por falta de cloro o el descarrilamiento de vagones por mal estado de las vías...

En cuanto a las condiciones económicas del personal incluido en el convenio, el comité ha señalado que los salarios «están muy por debajo del IPC desde hace años» y arrastran una «merma del 5% de salario que aplicaron a todo el sector público».

También ha destacado que se incumple la tasa de reposición y este año solo se ha hecho una oferta pública de empleo solo para 3 puestos cuando se jubilan 6 trabajadoras.

Y, tras recordar que el convenio permite negociar un acuerdo de empresa para mejorarlo, ha explicado que la dirección de la APP lleva tres años retrasando esta cuestión, alegando la «débil estructura» del Área de Recursos Humanos, «dirigida ahora por el mismo César Salvador causante de dicha debilidad, porque se niega a mejorar la jornada, la actualización de niveles, los pluses, el desarrollo profesional, la productividad, el seguro de salud, las bolsas de trabajo…».

Todo esto sucede «cuando en las masas del año 2019 y 2020 se han dejado de gastar casi 500.000 euros autorizados, más las adicionales recientemente aprobadas en Madrid, precisamente destinados a estos apartados».