Nueve migrantes han fallecido al intentar cruzar la muga del Bidasoa sorteando los controles policiales, el último el pasado mes de junio. Ante esta drama sostenido en el tiempo, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha reclamado medidas al Gobierno español, pero este ha respondiendo poniéndose en evidencia a sí mismo. Y es que afirma que la Guardia Civil ya vigila la zona para prestar «auxilio inmediato», lo que contrasta con la cruda realidad de los hechos.

En la interpelación, formulada nada más producirse la muerte el 18 de junio del joven guineano de 25 años Abderraman Bas, Iñarritu preguntó al Gobierno español cuál fue el cronograma de los hechos, «qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar que este drama se siga produciendo» y «si se ha comunicado con las autoridades francesas para instarles a que cesen los controles policiales de perfil étnico».

En la respuesta, el Ejecutivo español alega que «la Comandancia de Gipuzkoa estableció un dispositivo especial de refuerzo» en la zona que tiene como funciones «tratar de disuadir el cruce del río por zonas peligrosas» y junto a ello «la detección de posibles ‘pasantes’ de migrantes», a lo que añade «prestar auxilio inmediato en situaciones que pudiesen precisarlo».

Zodiac, dron, helicóptero...

Detalla que el dispositivo rige desde agosto de 2021 e incluye unidades «del Servicio Marítimo Provincial (embarcación auxiliar tipo zodiac), patrullas de Fiscal y Fronteras reforzadas con el Núcleo de Reserva de la Comandancia, Grupo de Acción Rápida (medios UAV -dron- y motos todoterreno) y Unidad Aérea (reconocimientos esporádicos desde helicóptero)». No se concreta de cuántos efectivos se habla o cuándo hacen esa labor.

La respuesta deja patente que este aparente amplio despliegue no ha servido para nada. En el caso concreto de Bas, las patrullas de la Guardia Civil se limitaron a «recuperar el cadáver de la orilla española» junto a «bomberos franceses y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial». «Posteriormente se procedió al levantamiento del cadáver junto al médico forense» y se «procedió a la identificación policial del fallecido», añade la respuesta a la primera pregunta formulada.

«Por parte española no hay impedimento alguno de índole legal o gubernativo para cruzar las fronteras interiores», apostilla la réplica del Ejecutivo español, intentado de algún modo situar la pelota exclusivamente en el tejado del Estado francés.