La ley aprobada por el Parlament de Catalunya en 2020 para contener el precio del alquiler de viviendas en Catalunya contribuyó a reducir ligeramente el precio de los arrendamientos en aquellos municipios de la demarcación de Barcelona donde se aplicó. Esta reducción fue particularmente intensa en los primeros meses de la aplicación de la normativa, según un informe elaborado por el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB).

Los resultados del estudio «Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona», realizado con el apoyo del Institut Català del Sòl (Incasòl), revelan que durante el primer mes de vigencia de la Ley 11/2020, del 18 de setiembre, el precio medio de los alquileres ya experimentó un descenso notable en la ciudad de Barcelona (-7,7%) y en el resto de municipios donde se aplicó (-7,0%). En el mismo periodo, en cambio, los precios crecieron de forma clara (+4,1%) en los municipios que no estaban sujetos a la regulación establecida.

Estas son algunas de las conclusiones de un informe que ha analizado la situación en el conjunto de la demarcación de Barcelona desde el mes de septiembre de 2019 (un año antes de la entrada en vigor de la ley) hasta marzo de 2022 (un año y medio después de aquella entrada en vigor).

El objetivo del estudio es identificar qué impacto ha tenido en el mercado de alquiler de la demarcación de Barcelona la Ley del 18 de setiembre de 2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de viviendas. Y en concreto, cuál ha sido el impacto en la evolución de los precios y el número de contratos y viviendas en alquiler.

A pesar del corto periodo de vigencia de la ley, todo indica que habría ayudado a moderar los precios en los municipios donde se implementó. Si bien transcurridos los primeros meses la norma perdió efectividad, el estudio del O-HB constata que durante los tres semestres de vigencia el precio medio en Barcelona y en el grupo de municipios donde se aplicó siguió situándose en valores inferiores a los del momento de aplicación, tanto en términos mensuales como semestrales. En Barcelona, por ejemplo, el precio medio del alquiler mensual pasó de 962,75 euros (seis meses antes de entrar en vigor la ley) a 913,63 euros (un año y medio después de entrar en vigor).

Contratos en aumento

A nivel global, se ha puesto de manifiesto que en todo el periodo de vigencia de la ley no se produjo ninguna reducción de contratos de alquiler firmados. Y su evolución, en términos relativos, fue prácticamente la misma tanto en los municipios donde se aplicó la norma (grupo experimental) como en los que no se hizo (grupo control).

Así, mientras que en el grupo experimental durante la vigencia de la ley se firmaron semestralmente, de media, 7,5 contratos por cada 1.000 habitantes –lo que representa un aumento del 6,9% respecto al año anterior–, en el grupo control se formalizaron en el mismo periodo 7,2 contratos por cada 1.000 habitantes, un 7,2% más que el año anterior.

Hay que recordar que la nueva ley –que establecía topes máximos en el alquiler con índices de referencia– fue declarada inconstitucional el 8 de abril del 2022, casi un año y medio después de su entrada en vigor. El Tribunal Constitucional español anuló varios puntos, incluido el mecanismo de control de rentas establecido, con el argumento de que invadía competencias del Estado.