![Protesta de personas discapacitadas contra los recortes del Gobierno de UPN en 2012.](/media/asset_publics/resources/000/925/969/article_main_landscape/naf-ley-discapacidad.jpg)
El Gobierno de Nafarroa ha aprobado el proyecto de Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad y Garantía de sus Derechos, un documento pionero que aboga por recuperar la autonomía y capacidad de decisión y la mayor participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida.
El proyecto, que se someterá ahora a la deliberación del Parlamento de Nafarroa, ha sido explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno por la consejera de Derecho Sociales, María Carmen Maeztu, quien ha destacado la importancia de su aprobación, dado que es el primer proyecto de ley que tiene la Comunidad Foral en materia de discapacidad.
«Convertirá a Navarra en la primera comunidad en incorporar a su Derecho Civil los cambios producidos por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», ha subrayado.
Además, la consejera ha resaltado que también «adaptará la normativa actual a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, y permitirá evolucionar del modelo asistencial actual a un modelo social, en el que se eliminarán las barreras que existen en la participación de estas personas en la vida social, económica, cultural y en todos los ámbitos en general».
En la elaboración de este proyecto han participado representantes de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra y organismos de la Administración o vinculados a ella, CERMIN (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) y el Consejo de Discapacidad, así como personas con discapacidad a través de diferentes sesiones de trabajo, y ciudadanía en general. En total, se han tenido en cuenta más de 550 aportaciones.
Así, la ley incorporará aspectos generales fundamentales para las personas con discapacidad, como las garantías ante la discriminación, la potenciación de la autonomía y su vida independiente o la sensibilización de la sociedad para la toma de conciencia sobre su realidad y su aportación como diversidad enriquecedora.
Según ha explicado, esto se concretará, fundamentalmente, en el nuevo régimen que desplaza al de las incapacitaciones y tutelas, con el objetivo de que la provisión de apoyos sea la solución a las dificultades para ejercer los derechos en el tráfico jurídico, y en la apuesta decidida por la desinstitucionalización de las personas que viven en centros residenciales.
Respecto a la primera, se modificarán en el Fuero Nuevo aspectos referidos a la tutela, la administración de los bienes de conquista, la nulidad de las declaraciones de voluntad o las alusiones a la patria potestad prorrogada y a la rehabilitación de la patria potestad.
En cuanto a la desinstitucionalización, el Gobierno de Nafarroa ya ha puesto en marcha la creación de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, y se apostará por ofrecer otros servicios alternativos a la creación de centros residenciales, en los que se ofrezca una atención individualizada y centrada en la persona, gracias a la potenciación de la figura del profesional de referencia.
Empleo
El proyecto de ley recoge también medidas referidas al empleo y la ocupación, como la promoción de la contratación indefinida o el acceso al empleo por cuenta propia, con cautela en cuanto al cumplimiento de la normativa de protección de datos en relación a la información sobre discapacidad, especialmente cuando intervienen decisiones automatizadas o se utilizan perfiles para predecir o adoptar decisiones.
También se incluye prever la realización de planes de prospección adaptados a las personas con discapacidad o fomentar la ocupación laboral de las mujeres con discapacidad para su contratación o para que ésta sea de calidad en todos los sentidos, incluyendo medidas de conciliación o, siempre que sea posible, corresponsabilidad.
Igualmente, se propone reforzar el tránsito de personas trabajadoras con discapacidad desde los enclaves laborales y desde los centros especiales de empleo a la empresa ordinaria, y se modifica la Ley Foral de Contratos Públicos para dar prioridad a los centros especiales de empleo de iniciativa social.
Salud y educación
Por otro lado, la norma garantizará el acceso a la salud en igualdad de condiciones, incluida la salud sexual y reproductiva, así como a los servicios sociales y sociosanitarios, y actualiza aspectos relevantes en el acceso a la cultura, el deporte, el ocio y la actividad comercial.
También se define y aborda como derecho la educación inclusiva en el ámbito no universitario y universitario, y define las políticas, estrategias y buenas prácticas precisas, entre las que destaca el uso del diseño universal de aprendizajes.
Destaca, asimismo, una novedad sobre los trámites en la valoración del grado de discapacidad, ya que a partir de ahora se tendrán en cuenta los dictámenes técnicos de los equipos de valoración de la situación de dependencia para el reconocimiento del grado de discapacidad de las personas, que acelerará los trámites.
Del mismo modo, se actualizará el régimen de accesibilidad universal y, en su defecto, el de los necesarios ajustes para el acceso a todo tipo de espacios, bienes, servicios y comunicaciones.
Con todo, la consejera Maeztu ha celebrado la aprobación de este proyecto de ley foral, que «va a marcar un nuevo rumbo en cuanto a la atención a personas con discapacidad, y que nos va a permitir avanzar de manera sustancial en la igualdad de oportunidades y en la plena inclusión social».
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