Con 205 votos a favor, 141 votos en contra y 3 abstenciones, la ley del ‘solo sí es sí’ –que tomó este apelativo del grito feminista que salió a las calles tras la polémica sentencia de «La Manada» que consideró abuso sexual la violación grupal– fue aprobada este jueves después de un largo camino no exento de polémica, con la única oposición de PP y Vox en el Congreso.

Las críticas de esos dos partidos no fueron respondidas por los grupos que apoyan al Gobierno de coalición, artífices de esta norma, que se centraron en subrayar que la ley es «la conquista del movimiento feminista» y «el logro de la reivindicación del movimiento feminista».

En presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no participó en el debate, la portavoz del PSOE Laura Berja cerró su intervención recordando una frase de la víctima de La Manada que dijo que «esta ley no es su ley, esta ley es de todas las mujeres».

El recorrido parlamentario se cerró con más de un mes de retraso respecto a lo previsto, dado que en el Senado se aprobó por sorpresa una enmienda que corregía una vocal del texto (donde decía «los casos de abortos y esterilizaciones forzosas», y se cambió por «forzosos») y que obligó a la remisión de la norma de vuelta a la Cámara Baja para su visto bueno definitivo.

La norma contó con el rechazo de PP y Vox, que presentaron sendos vetos señalando que el texto carece de seguridad jurídica, viola derechos fundamentales y supone la desprotección jurídica de las víctimas.

El consentimiento expreso

La nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual reforma el Código Penal para cambiar la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regula el consentimiento expreso, y acaba con la distinción entre abuso y violación.

El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

Polémica en torno a la prostitución

La tramitación ha sido larga y no ha estado exenta de polémica. La última, durante su paso por el Congreso, cuando estuvo a punto de decaer después de que el PSOE planteara una enmienda para castigar a todo el que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin la necesidad de que exista una relación de explotación.

Ante la falta de apoyo de sus socios tradicionales, el PSOE optó finalmente por retirar la enmienda y presentar en solitario una nueva proposición de ley en la que apuesta por caminar hacia la abolición de la prostitución.

Aunque quedaron fuera los artículos más polémicos sobre la prostitución, sí se incorporaron enmiendas para considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover esta práctica y reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

Este jueves, organizaciones feministas celebraron la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’, aunque también hubo voces lamentando que «no se haya atrevido a abolir la prostitución».

Asistencia integral a las víctimas

La nueva norma consigna la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales y medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos.

Se ha incluido también una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.

También se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno estatal deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

Los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, tal y como acordaron PSOE, Podemos, ERC y EH Bildu.