El Consejo de Gobierno foral de Gipuzkoa ha aprobado este miércoles la nueva norma sobre morosidad fiscal con el objeto de «adaptarse a lo que sucede en el entorno», según ha señalado en rueda de prensa la portavoz de la Diputación, Eider Mendoza.

La última lista de grandes deudores, publicada el pasado mes de junio, incluía 43 contribuyentes que debían un total de 239,9 millones de euros; cada uno de ellos debía más de un millón. El próximo registro se publicará en junio del 2023 con el nuevo límite de 600.000 euros.

En virtud de la nueva norma, que deberá ser ratificada en Juntas Generales, la persona contribuyente susceptible de entrar en la lista de morosos podrá ser excluida de la misma, antes del fin del plazo de alegaciones, cuando el importe mínimo abonado del 25% de la cantidad adeudada no supere la cantidad de 600.000 euros.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha establecido cambios en la normativa que afecta a las monedas virtuales, por los que establece la obligación de las plataformas que ofrecen estos productos a informar sobre las operaciones de transmisiones, permutas, transferencias, cobros y pagos realizados, así como de los saldos, obligaciones que tendrán también los titulares de este tipo de activos.

Deducciones por mecenazgo a la investigación

También dentro del ámbito fiscal, la Diputación ha dado luz verde al proyecto de norma foral para impulsar el mecenazgo de investigación básica, cuyos destinatarios serán los centros acreditados como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Gipuzkoa (programa BERC), así como los grupos de investigación de las universidades ubicadas en este herrialde.

En el caso de las personas físicas, este mecenazgo supondrá una deducción del 35% en el IRPF, de forma que una persona que conceda una ayuda de 1.000 euros a un grupo de investigación obtendrá una deducción de 350 euros.

Si el mecenazgo proviene de personas jurídicas, las cantidades invertidas tendrán la consideración de gastos deducibles a la hora de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y tendrán además una deducción del 20% de la cuota líquida del impuesto.

Así una empresa que conceda una ayuda de 1.000 euros a un grupo de investigación tendrá un beneficio fiscal total de 440 euros.

Mendoza ha calificado la medida de «ambiciosa» y ha remarcado que el objetivo es impulsar la investigación, atraer científicos al territorio e impulsar la economía.