![Imagen de archivo del parque eólico de Alaitz, en Nafarroa.](/media/asset_publics/resources/000/935/297/article_main_landscape/0923_eg_Errotak_copia.jpg)
Según se ha sabido este jueves, el próximo 11 de octubre tendrá lugar la primera asamblea entre vecinos de Azpeitia, autoridades municipales y la empresa Statkraft, interesada en promover un parque eólico de 33 MW llamado Piaspe. Junto a la convocatoria se ha conocido también la declaración de la empresa pública noruega a los Ayuntamientos afectados –Errezil y Zestoa, además de Azpeitia–, en la que se recoge sucintamente el punto de partida de un proyecto cuyos beneficios, aseguran los promotores, esperan hacer repercutir sobre la comunidad local «a través de dos ejes principales: la socialización y la coparticipación».
La carta, escrita en castellano y euskara, pone la primera estrofa a una música que el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ya advirtió que sonaba diferente. De hecho, aunque puede resultar extraño, el hecho mismo de que la empresa haya contactado con los Ayuntamientos afectados antes de iniciar formalmente el proyecto es ya un hecho diferencial. A modo de contraste, cabe recordar que el Ayuntamiento de Legutio se enteró recientemente a través del Boletín Oficial del proyecto que la empresa madrileña Plauri Energy planea llevar a cabo en la localidad alavesa. En ningún momento se ha informado a las autoridades locales.
Queda mucha canción por componer, desde luego, ya que en el escrito de Statkraft no entra en grandes concreciones, pero resulta novedoso, por ejemplo, que la empresa promotora se abra, literalmente, a «la socialización de la de la actividad de generación de energía en torno a, entre otras opciones, la figura reconocida legalmente de las comunidades de energías renovables».
Es decir, Statkfraft se abre a que la población afectada por el proyecto "Piaspe" se implique y se beneficie directamente de la energía que generará el parque, algo que permite «una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética», un ámbito que, siempre según la propia empresa, forma «parte de su política corporativa ante las comunidades de los lugares en los que se implanta».
Este proceder, recuerdan en la misiva, está alineado con la directiva europea relativa al fomento del uso de energía de origen renovable, en la que «se habla del derecho de los consumidores a participar en comunidades de energías renovables para producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, compartir la energía generada y acceder a los mercados de manera no discriminatoria».
Implicar al tejido productivo
Eso en cuanto a la socialización. Respecto a la participación de otros protagonistas en el proyecto, el escrito señala que «Statkraft pretende explorar, impulsar y desarrollar nuevos esquemas de coparticipación con los agentes y actores públicos locales afectados por el Proyecto». El objetivo que declara la empresa es lograr «un marco de consenso institucional basado en criterios de sostenibilidad que asegure que la promoción del Proyecto revierta a nivel local en el territorio y en su tejido productivo».
Habrá que ver, desde luego, en qué se concretan las intenciones, pero el escrito lleva implícito un mensaje poco frecuente por parte de promotores de grandes instalaciones energéticas. Lo usual suele ser destacar los beneficios genéricos de una instalación de origen renovable en la lucha contra la crisis climática y obviar las afecciones locales que una instalación de grandes dimensiones inevitablemente genera en el territorio que la acoge. En el planteamiento de Statkraft se asumen esas afecciones y se propone buscar vías para reducirlas e implicar a los afectados, de modo que el proyecto sea aceptado por la comunidad local. Todo esto tendrá que traducirse en hechos, pero el cambio de lógica es difícilmente discutible.
Finalmente, Statkraft considera también que «este tipo de instalaciones pueden ser muy útiles como impulsoras de cambios positivos» en el medio rural, tanto en la lucha contra la crisis de biodiversidad, «asociando el proyecto de implantación con medidas que refuercen los hábitats», como contribuyendo «al desarrollo rural de base endógena», para lo cual se ofrecen a «aportar conocimientos y relaciones en el ámbito de la organización de la producción, innovación de procesos, en marketing o en otras funciones similares».
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