La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha dado a conocer un informe de la Comisión Europea sobre Zaldibar.

El vertedero se derrumbó el 6 de febrero de 2020 sepultando a dos operarios, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Seis meses después, el 16 y 17 de agosto de 2020, fueron encontrados los restos del cuerpo de Alberto Sololuze, pero los de su compañero Joaquín Beltrán continúan aún bajo los escombros.

La Comisión Europea ha respondido a una petición de la asociación vecinal de San Lorenzo de Ermua, de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de Ekologistak Martxan Bizkaia, en la que se solicitaba que se investigara una posible infracción de la legislación europea que regula la gestión de residuos y vertederos en relación al accidente ocurrido en Zaldibar.

Concretamente pedían que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes cumplan plenamente la legislación medioambiental y de salud pública tanto de la UE como del Estado en el vertedero.

Zaldibar Argitu ha remarcado esta tarde que la información dada a conocer hoy por Tapia es «palabra por palabra» igual que el avance presentado por la CE el 3 de febrero de 2021. La plataforma subraya, asimismo, que se trata de un informe de tres páginas. «Dice claramente que ahí han tenido en cuenta la información emitida por Lakua, y nada más». En ese sentido, recuerdan que «en todo lo referente a Zaldibar, Lakua no ha sido neutral. Ha sido una parte del caso».

Frente a ello, recuerda que existe un informe «muy detallado» de 234 páginas de Cedex y que concluye que «hubo errores en todo el recorrido del vertedero: en los proyectos técnicos, en la gestión del vertedero y en el control público de la actividad». «Lakua nunca ha dicho nada sobre todo ello», ha insistido la plataforma.

Un informe «ocultado»

Según ha explicado esta mañana Tapia, la Comisión Europea avala tanto la actuación del Gobierno de Lakua en lo que a los permisos administrativos y al control previo al suceso, como las posteriores actuaciones para afrontar la emergencia y evitar daños ambientales.

Señala que las autoridades competentes «tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización a la empresa explotadora del vertedero, la realización de controles, seguimientos e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del vertedero», siempre según lo expuesto por Tapia.

Añade la Comisión Europea que tras el accidente «se han adoptado medidas correctoras urgentes para reducir las repercusiones negativas sobre la salud humana y el medio ambiente».

Se refiere además a las medidas adoptadas por las autoridades a raíz del incidente, como la vigilancia continua de la calidad del aire en la zona del vertedero y en los alrededores urbanos de Ermua y Eibar, y añade que se encargó a una empresa registrada especializada la supervisión en relación con el amianto y la toma de muestras y análisis ambientales en la zona del vertedero.

La comisión menciona también la existencia de un estudio de estabilidad de 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero «y que fue ocultado al Gobierno Vasco».

Con todo, hay datos que apuntan a que Lakua sí tenía algún conocimiento de los problemas en la estabilidad del terreno. El consejero Iñaki Arriola reconoció en el Parlamento que hubo una reunión entre la Administración y la empresa el 21 de enero, solo 16 días antes del derrumbe.

Procedimiento judicial

El procedimiento judicial por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, empresa propietaria del vertedero, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, y eludieron así entrar en la cárcel.

Los tres acusados son el dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui.

Todavía hay un segundo proceso judicial abierto por el juzgado de Durango contra los responsables de Verter por presuntos delitos medioambientales y de salud pública.

En relación a los 28,7 millones de euros que reclama el Gobierno de Lakua a Verter Recycling por los costes asumidos por la administración vasca tras el derrumbe, Tapia ha reconocido que a día de hoy la empresa no ha abonado ninguna cantidad.

Tras concluir el período de pago voluntario de la deuda sin haber recibido ningún pago, Lakua ha iniciado el procedimiento correspondiente para cobrar dicha cantidad ante la administración concursal, que es la responsable del vertedero porque Verter está en situación de concurso, ha explicado la consejera.