El Juzgado de lo Social número 2 de Iruñea ha condenado a Fagor Ederlan a abonar un 40% de recargo de prestaciones a la viuda de un trabajador fallecido por exposición a amianto.

Según ha explicado ELA a través de un comunicado, la sentencia, dictada el pasado 28 de septiembre, declara como probada la manipulación, por parte del fallecido, de arandelas de amianto «sin medios de protección, sin que existiesen mediciones ambientales y sin que existiesen protocolos específicos de limpieza de la ropa».

Dicha resolución judicial da igualmente como hecho probado que no fue hasta 2004 cuando se realizó la primera evaluación de riesgos laborales.

Por ello, el Juzgado de lo Social, desestimando la demanda interpuesta por la empresa Fagor Ederlan Tafalla S. COOP., condena a la misma a incrementar las prestaciones de seguridad social en un 40% por falta de medidas de seguridad.

Desde Bidelagun Fundazioa, entidad creada por ELA para luchar contra la precariedad y la siniestralidad laboral, se destaca que esta es «la segunda sentencia que condena en fechas recientes a Fagor Ederlan Tafalla S. COOP. por falta de medidas de seguridad en la exposición laboral a amianto».

Obligar a acudir al Juzgado

Por ello, desde los servicios jurídicos de Bidelagun Fundazioa, que han llevado la dirección letrada de este procedimiento, se considera «incomprensible que la empresa insista en negar su evidente responsabilidad, obligando a las viudas de los fallecidos a acudir al Juzgado, con la revictimización que eso supone para las familias».

En este sentido, ELA y la Fundación Bidelagun exigen a las empresas que «actúen con responsabilidad y empatía y desistan de una vez por todas en prolongar innecesariamente la vía judicial, que no sirve más que para agudizar el sufrimiento de las personas afectadas».

Asimismo, y en el contexto de la futura aprobación del Fondo de Compensación para Víctimas de Amianto, el cual se encuentra en tramitación parlamentaria, ambas entidades «exigen a las instituciones públicas que asignen los recursos suficientes para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de la clase trabajadora, reafirmándose en el compromiso de luchar para eliminar los productos cancerígenos de los centros de trabajo».