La sociedad parece haber recuperado la normalidad después de más de dos años excepcionales marcados por la pandemia de covid-19. En las residencias de mayores, sin embargo, lo vivido durante los peores días de la pandemia no se ha olvidado tan fácilmente y tanto los familiares y usuarios como los trabajadores insisten en que la situación no ha cambiado en absoluto. Lejos de invertir en mejorar los servicios de los centros, la privatización y la búsqueda del beneficio económico siguen siendo una constante de un modelo que exige un cambio radical orientado a la publificación de sus servicios.

Dos años y medio después de estallar la pandemia de covid-19 en Euskal Herria, ¿cuál es la situación actual en las residencias de mayores?

TXARO MARQUINEZ: No ha cambiado absolutamente nada. La situación de 2019 es la misma que la de ahora, la pandemia simplemente ha destapado lo que ya estaba pasando: plantilla insuficiente, con cada vez más trabajadoras migradas altamente precarizadas. Eso provoca que la calidad sea mala, una realidad muy alejada de esos anuncios que nos venden las residencias como si fueran hoteles de cinco estrellas. Esa es otra de las consecuencias de las residencias concertadas, que no son más que centros gestionados por empresas privadas que tienen concertada una plaza con Diputación. Y esas mismas instituciones no hacen absolutamente nada para cambiar esa situación.

Una de las principales preocupaciones siguen siendo los famosos ratios. Después de pasar una pandemia, ¿ha habido ningún movimiento al respecto?

T. M.: No, porque las residencias respetan los ratios que marca el Gobierno Vasco. Ese es el principal problema. Para que nos pongamos en situación: en una residencia con 17 usuarios hay dos trabajadoras por la mañana, dos por la tarde y una por la noche. Ese es el ratio real, y no lo han aumentado para nada, ni siquiera en pandemia. Pero son ratios que no sirven, porque los usuarios de residencias son cada vez más dependientes y los cambios posturales, las comidas y demás requieren tiempo. En muchos casos somos los propios familiares los que tenemos que acudir para cubrir esas deficiencias, y cuanto mayor es la residencia, mayores son las carencias.

¿Qué otros problemas supone la creciente privatización de los centros?

LOLA GÓMEZ: Desde el Movimiento de Pensionistas estamos viendo que, incluso con esas deficiencias y tal como está el tema de las pensiones, no todo el mundo puede ir a una residencia. Estamos yendo hacia atrás, volviendo a las Hermanitas de los Pobres para unos y algo mejor para el que puede pagarlo. Pero aunque cambien las infraestructuras, el fondo es el mismo porque el concepto de morir dignamente no lo tienen asimilado.

T. M.: Estamos hablando de que hay residencias que cobran 2.800, 3.500 y hasta 4.000 euros al mes. Pero un precio alto no va unido a mayor calidad.

Visto lo visto, ¿en qué situación se encuentran las trabajadoras, que ven aumentado el trabajo por hacer con el mismo tiempo y sueldo?

T.M.: A la vez que decimos que existe un problema con las plantillas, que son claramente insuficientes, también hay dificultades para encontrar trabajadoras. En Alemania ya está sucediendo, cada vez hay menos mujeres –porque la mayoría son mujeres– que quieren trabajar en el sector. Con estos ritmos de trabajo, los ratios… a ver quién es capaz de trabajar varios años en una residencia con esas condiciones de trabajo, a lo que hay que sumar los bajos salarios. Existe mucho miedo a la hora de denunciar la situación, tanto por parte de las trabajadoras como de los familiares. Es por eso que apenas hay denuncias. Además, mucha gente ha dejado sus puestos y ha cambiado de profesión porque no ha podido superar lo que vivieron en pandemia.

Y en cuánto a la atención sanitaria en las propias residencias, ¿cómo se está gestionando?

T.M.: El decreto del Gobierno Vasco marca que, dependiendo del tamaño, las residencias deben tener médico ciertos días a la semana. Pero no es de Osakidetza, es privado, y la mayoría de ellos dejan mucho que desear. Y ahora que a las residencias pequeñas también les obligan a tener, ese cargo ha recaído en las familias, con una subida de entre 120 y 200 euros por usuario. Es decir, pagamos dos veces la atención sanitaria. Nuestro planteamiento es que debe ser Osakidetza quien ofrezca ese servicio, incluyendo la especialidad de geriatría. Eso ayudaría a que la prevención fuera mucho mayor y se evitarían cuestiones como la sobremedicalización o las ataduras.

L.G.: Los pensionistas también defendemos que debería haber dos tipos de modelos de residencias: uno para gente dependiente y otro para los no dependientes, los que pueden tener su médico de cabecera. Aunque no son centros para ello, en las residencias se medicaliza más que en ningún otro sitio. Creemos que esa no es una apuesta adecuada.

Con toda esta problemática y teniendo en mente todavía lo ocurrido durante la pandemia, ¿las inspecciones deberían ser más recurrentes?

T.M.: Esa es otra de las grandes peleas. En estos momentos, las inspecciones se avisan y las direcciones saben perfectamente cuándo serán. Desde Zaintza Babesten defendemos que con una única inspección al año puede ser suficiente, pero previa reunión con las familias. Solo entonces serán inspecciones reales. Y con ello no pedimos que pongan multas, porque para las empresas gestoras les sale más barato que hacerlo bien. Lo que queremos es participar en la gestión, algo que en las residencias privadas a las familias se nos niega.

Como importante sería la participación de las personas usuarias.

L.G.: Las residencias deberían ser completamente gestionadas por las instituciones públicas, con la participación de la gente mayor, como futuros usuarios. Queremos ser partícipes de ello, y por eso defendemos una triple alianza entre instituciones, familiares y usuarios. Nos parece algo fundamental para que no se vuelva a dar una situación como la vivida en pandemia.

Por tanto, ¿cuál debería ser el papel de las instituciones?

T.M.: Deberían ser más exigentes. El decreto del Parlamento de Gasteiz es insuficiente. Tiene que haber un cambio de modelo, porque el actual es totalmente continuista. En Araba, la residencia Arabarren se ha construido con dinero público para que la gestione una cooperativa privada. L.G.: En Bizkaia muchas se han dado a empresas como Domus, Caser, Sanitas… Está claro que las multinacionales no vienen a prestar un servicio adecuado, vienen a conseguir dividendos. Mientras no se trate de un servicio público, gestionado por personal de las instituciones y con participación ciudadana, vamos a seguir igual que en los últimos años.