Un trabajador fue hallado muerto en la fábrica de Mercedes-Benz en Gasteiz el miércoles por la tarde. Tenía 50 años y era trabajador de la empresa LEDHR Ingeniería y Servicios. De acuerdo con los datos que el sindicato LAB recoge en su página web, con este ya serían 65 los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en Euskal Herria en lo que llevamos de año.

Una cantidad a todas luces preocupante que indica que algo falla estrepitosamente, más cuando algunos de estos accidentes se repiten de forma periódica. Las cifras, aún sin los datos finales de 2022, se asemejan a las de los últimos años, y se enmarcan en un contexto en el que el tejido económico y laboral es totalmente distinto al de hace décadas. Todavía hoy, sin embargo, existen sectores laborales masculinizados y feminizados con desigual valoración y reconocimiento social y económico, algo que se refleja en el primer dato a analizar: la gran mayoría de las víctimas mortales laborales son hombres.

En concreto, 61 de los 65 fallecidos eran hombres, una cifra que «puede dar lugar a mal interpretaciones y lecturas machistas», explica Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral del sindicato LAB. «Muchos de los trabajadores que mueren traumáticamente trabajaban en puestos que exigen poca formación y con los que puedes sacar un buen sueldo. Las mujeres no tienen opción de trabajar en la fundición, en la construcción o como transportistas», explica. La Federación Vizcaina del Metal facilitaba otro dato representativo: las mujeres ocupan solo el 18,2% de los trabajos en la industria en la CAV.

Precisamente, la construcción, con 18 muertes en lo que va de año, y la industria manufacturera, con 14, se llevan la peor parte, actividades de especial peligrosidad que cuentan con normativa específica que, de acuerdo con Iriarte, «no se cumple», ya que «la patronal no tiene esas prioridades». «Es más fácil ver a un trabajador sin casco de la construcción que a un conductor sin cinturón», afirma. Los trabajadores que quedan atrapados, son aplastados o sufren una amputación son mayoría si observamos las causas de las muertes traumáticas (17), y después los que sufren caídas de alturas (13).

Si se atiende a la incidencia de los accidentes mortales en relación con el número de trabajadores de cada actividad, la explotación forestal «rompe todos los récords», desligando los datos del sector primario, remarca Iriarte. Aparte de los habituales accidentes con tractores en ese sector –que ni se contabilizan como muertes laborales cuando el agricultor está jubilado–, la explotación forestal extensiva, sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia, tiene una tasa de mortalidad superior a la de la construcción. «Son actividades con maquinaria pesada, con mucha carga de trabajo, que detrás esconden precariedad y el incumplimiento de la ley», subraya.

In itinere y no traumáticos

Un jornalero migrante salía cada madrugada con la bici desde su infravivienda de pobre construcción ubicada en Zarrakaztelu hacia el vivero en el que trabajaba, hasta que un día fue atropellado por un vehículo de camino al trabajo. «Esto es una realidad social en el sur de Nafarroa y en Araba», señala Iriarte. El uso de bicicletas y patinetes en los desplazamientos al trabajo ha proliferado durante los últimos años por ser una opción más barata para un trabajador cada vez más empobrecido, pero peligrosa desde el punto de vista de la seguridad vial. En bicicleta o en coche, los siniestros 'in itinere' con resultado de muerte –seis en lo que va de año– se consideran por ley muertes laborales, pero «no se investigan», denuncia Iriarte.

En jornadas de trabajo o en el trayecto a los propios centros, el 17% de las muertes laborales de 2022 fueron a causa de accidentes de tráfico. Los transportistas fallecidos son ocho en lo que va de año, pero muchos de ellos mueren en accidentes laborales «no traumáticos» como infartos o derrames y no en la carretera.

Para los sindicatos, estas muertes no se dan por casualidad en horario de trabajo. En el sector del transporte, «hacen frente a las prisas y a las presiones, a horarios apretados, largas jornadas de trabajo…», afirma Iriarte. Que el trabajador con más edad (69 años) fallecido este año sea un camionero dice mucho de las condiciones laborales de los transportistas.

Sobre las muertes no traumáticas, Iñaki Moreno, ex jefe de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública de Nafarroa, afirma que «se pueden asociar causalmente con los riesgos psicosociales, en general desatendidos en las empresas».

¿Qué ocurre? ¿Qué hacer?

Este martes la ley de prevención de riesgos laborales del Estado español cumplirá 27 años. Una herramienta que expertos creen apropiada, pero muchas veces quebrantada por intereses. «Es responsabilidad de la patronal velar por la salud de los trabajadores y la Administración Pública tiene que hacer que eso se cumpla, pero no ocurre», señala Iriarte. Esta tarea se lleva a cabo con inspectores y subinspectores, cuya transferencia a la CAV ha sido realizada de forma parcial. «Navarra tiene iguales o más competencias, otra cosa es que el Gobierno sea incapaz de tomarse en serio sus atribuciones», subraya Moreno.

De acuerdo con Iriarte, tanto Osalan como el ISPLN efectúan la labor de asesoramiento y no tienen facultad para sancionar, al tiempo que critica la falta de inspectores que, además, «tienen un perfil jurista y muchas veces no tienen la capacidad de detectar los riesgos, piden el informe de prevención de riesgos y listo».

La siniestralidad en el Estado español va en paralelo a la fase ascendente o descendente del ciclo económico. Es decir, cuando disminuye la actividad económica caen los índices de accidentes y a la inversa. «Este fenómeno no se da en otros países con sistemas de gestión integrados en las empresas», apunta Moreno. Así, explica que el Estado español es el único en Europa en el que las actividades preventivas han sido externalizadas masivamente. «No evalúan los riesgos, "malidentifican" los riesgos», detalla.

«Además, en los sectores con más riesgo, más del 90% contratan servicios de prevención ajenos, muchos comprados por grandes compañías aseguradoras europeas y fondos de inversión, cuyo compromiso principal no es precisamente con la salud de las y los trabajadores», dice Moreno. Este es, a su juicio, «uno de los grandes errores del Estado español. Está a la cola respecto a la participación de los trabajadores en la evaluación de riesgos, solo en el 10% de las empresas participan, mientras que en otros países son el 70, 80 o 90%», destaca.

La combinación de causas organizativas y la exposición a situaciones de alta peligrosidad explican las muertes consecuencia del trabajo, apunta Moreno. «Hablamos de exceso de horas de trabajo, contrato temporal o precario, ritmos elevados y de una errónea gestión de los riesgos, problemas del sistema capitalista en el que vivimos», indica. En este sentido, las últimas reformas laborales, en especial la del año 2012, ha facilitado el despido, deteriorado y debilitado el poder contractual de las organizaciones sindicales. Todos estos cambios aumentan el riesgo de accidente.

Junto a estos factores se encuentran, prosigue Moreno, las causas que se denomina personales como despistes o malos hábitos que «en realidad es responsabilidad del empresariado conocer y corregir», y junto a ello «trabajar inadecuadamente con máquinas, vehículos, o en espacios de trabajo peligrosos».

A su juicio, «debe cambiarse la cultura preventiva en las empresas, y la participación de las plantillas en salud laboral debe ser la norma y no la excepción», agrega. Además, sostiene que la actuación protagonista de las administraciones en las empresas «debe fortalecerse». Y recuerda que la norma emplaza a las mismas a incrementar su papel en aquellos colectivos laborales menos protegidos. «A estos habría que sumar los trabajadores de ETT y el llamado trabajo colaborativo», agrega.

Asimismo, expertos afirman la necesidad de dar solución al «problema de las mutuas», entidades privadas que gestionan recursos económicos de la Seguridad Social con efectos negativos para los derechos de los trabajadores, dice Moreno. «Deben jugar otro papel y ser integradas en los sistemas públicos de salud».