Iñigo Urkullu, jefe de Gobierno de Lakua, cree «conveniente» que haya «un posicionamiento público» del Gobierno español y de los partidos que lo han gobernado desde la transición –UCD, Alianza Popular (AP), el PSOE y el PP–, así como de los expresidentes socialista y popular, Felipe González y Mariano Rajoy, respectivamente, sobre las declaraciones del exministro del Interior José Barrionuevo en las que justifica las acciones terroristas de los GAL.

No lo ha expresado de propia voz sino a través del portavoz del Ejecutivo de Lakua, Bingen Zupiria, que ha informado que antes de concluir la reunión semanal del Consejo de Gobierno se ha abordado este tema entre los consejeros y el lehendakari.

Zupiria ha argumentado que, en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PNV y PSE, existe un compromiso de defender «los derechos de todas las víctimas, en el que se citan explícitamente y expresamente a las víctimas provocadas por ETA, por el GAL, por otros grupos y por los abusos policiales».

En este sentido, ha mostrado, como Ejecutivo, su rechazo «completo a una justificación explícita» como la realizada por Barrionuevo sobre los actuaciones del GAL en una entrevista publicada este pasado domingo. Tras apuntar que «sería bueno que se avanzara en el reconocimiento de estas víctimas y sus derechos por parte de los poderes del Estado», ha afirmado que, en la reunión del Consejo de Gobierno, la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia (PSE), ha expresado la «posición clara y contundente» del PSE contra las palabras del exministro.

Mendia también ha insistido en que estas manifestaciones de José Barrionuevo «demuestran que algunas personas, a pesar de haber sido juzgadas y haber pasado por prisión, no han hecho el recorrido que se espera de toda persona reinsertada de reconocer el daño causado, que debe ser un objetivo para acompañar a las víctimas, pero también para la resocialización de las personas que han sido juzgadas».

Por su parte, ha indicado que, en la reunión del Consejo de Gobierno, Iñigo Urkullu ha añadido que «sería conveniente que hubiera un posicionamiento público respecto a esta cuestión, tanto del Gobierno español como del PSOE, como de otros partidos que han tenido también responsabilidades de gobierno, como fueron, en su caso, UCD, Alianza Popular (AP), el PP y Mariano Rajoy».

«No comment» sobre González

En el caso de González, un periodista ha preguntado a Zupiria si la inclusión de su nombre en esta lista se debe a que considera que pudo tener «alguna responsabilidad» en el GAL, si bien el portavoz del Ejecutivo vasco ha rechazado pronunciarse sobre esta cuestión. «No voy a contestar», se ha limitado a decir.

Respecto a Rajoy -y aunque Zupiria no ha precisado los motivos por los que se considera necesario que se pronuncie en relación a este tema-, el nombre del expresidente del Gobierno y del PP es uno de los que cita Barrionuevo en la entrevista, al referirse al indulto parcial del que se vio beneficiado tras ser condenado por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL. Según Barrionuevo, Rajoy le llamó -en su etapa como ministro del Interior del PP- para decirle que, después del indulto parcial, que no podía «consentir» que regresara a la cárcel y que iba a «arreglar» ese tema.

¿Humillación a las víctimas?

Cuestionado por si cabría recurrir a la vía judicial si constituyeran delito las palabras de Barrionuevo, ha asegurado que, quienes tienen criterio judicial en el Gobierno y han analizado el tema, creen que «posiblemente cabría abordar este asunto desde el punto de vista de la humillación que han sufrido en las víctimas de los hechos que han sido narrados» por el exministro.

Bingen Zupiria ha indicado que, si fuera esa vía posible, correspondería, bien al Ministerio Fiscal que, por iniciativa propia, analizase «si efectivamente se ha producido esa humillación de las víctimas» o bien también cabría la posibilidad de que alguna víctima del GAL que se sienta «perjudicada y humillada» por estas declaraciones exigiera esa investigación.

El portavoz del Gobierno Urkullu ha explicado que, si se produjera alguna de las dos vías, el Ejecutivo «va a respaldar todas las iniciativas que se puedan plantear, y que busquen el reconocimiento de la injusticia del daño causado y también el conocimiento de la verdad que hubo en las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron como consecuencia de la violencia terrorista».