Mario Díez, abogado de las víctimas del fotógrafo Kote Cabezudo, deberá indemnizar con 60.000 euros a Ana Isabel Pérez Asenjo, primera instructora de este caso, por las manifestaciones contrarias al honor de la magistrada que vertió en sendos programas de radio y televisión, así como en Youtube y en una red social.

El asunto se enmarca en el denominado caso Kote Cabezudo, en el que este fotógrafo donostiarra ya ha sido condenado a 28 años y 2 meses de cárcel por un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa a varias de sus modelos, si bien de esta causa aún penden varias piezas separadas de menor entidad, algunas de ellas ya sentenciadas, otras recurridas y una más que ha sido retornada a la fase de instrucción.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Irun considera ahora que las actuaciones de Díez en los citados medios y redes sociales supusieron una «intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen» de la magistrada, por lo que le obliga a compensarla con 60.000 euros más los correspondientes intereses legales «por los daños morales causados», además de imponerle las costas del procedimiento.

Asimismo, una vez adquiera firmeza esta resolución judicial contra la que aún cabe recurso, Díez deberá dar lectura íntegra a la sentencia, de 33 páginas, tanto en su canal de Youtube como en las redes sociales donde fueron difundidos sus tres vídeos, así como en los programas de radio y televisión en los que realizó sus manifestaciones.

Finalmente, el texto judicial obliga al letrado a suprimir de internet estos tres vídeos, al tiempo que le advierte de que se abstenga de volver a realizar «actuaciones semejantes referidas» a la jueza perjudicada.

Apoyándose en distinta jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), el juzgado estima así íntegramente la demanda que Pérez Asenjo interpuso contra Díez a raíz de las declaraciones que éste hizo públicas en 2018 en los tres vídeos citados, además de en el programa ‘El Gato al Agua’ de Intereconomía TV, en el espacio ‘La Jungla’ de Radio 4G y en un mensaje de la red social Twitter.

«Expresiones peyorativas e insultantes»

En sus intervenciones, además de utilizar «expresiones peyorativas e insultantes», imputó a la magistrada «delitos de prevaricación continuada, ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, implicación en tramas delictivas y retardo malicioso en la tramitación de la causa», según la sentencia.

Una actuación que, como recoge el texto judicial, no puede verse amparada «en el derecho de defensa ni en las libertades públicas de información ni de expresión», teniendo en cuenta que el condenado «no es un operador informativo», y que la «imputación de delitos» que llevó a cabo se hizo «sin transmitir, en ningún caso, información veraz« en los términos establecidos por la jurisprudencia.

La sentencia dedica un apartado concreto a los tres vídeos insertados por Díez en Youtube en 2018, en uno de los cuales, publicado el 8 de marzo, el letrado se apoyó en un tuit de la cuenta ‘Gipuzkoa Confidencial’ para difundir mediante «insinuaciones insidiosas e injuriosas» unas imputaciones «gravísimas», como que la magistrada «participaría en un pacto entre dos partidos políticos para silenciar una pretendida trama de pederastia».

En este vídeo, Díez también puso «en entredicho la función judicial como instructora» de Pérez Asenjo, ya que en él «se falta a la verdad, se juega con las actuaciones procesales ocultando la realidad y tergiversándola, mezclando dos procedimientos de manera deliberada», algo que llevó a cabo además siendo abogado en ejercicio con «conocimientos en la materia y consciente de que estaba faltando a la verdad».

Iñaki Badiola

Se da la circunstancia de que la ya clausurada cuenta de Twitter ‘Gipuzkoa Confidencial’ ha sido presuntamente vinculada por la Fiscalía, en otro procedimiento judicial a la espera de vista oral, con el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola, para quien el Ministerio Público reclama penas que suman 66 años de cárcel por las supuestas injurias y calumnias dirigidas a través de este perfil contra políticos, jueces y periodistas guipuzcoanos.

En cuanto a la participación de Díez en ‘El gato al agua’, la resolución explica que las acusaciones que vertió en este programa contra la magistrada «carecen de prueba alguna», además de que en él omitió que las querellas que había presentado contra la jueza, varias de ellas por prevaricación, «ni siquiera se habían admitido a trámite» y sin ofrecer «a sabiendas» una «información veraz», por lo que «la vulneración del derecho al honor de la jueza resulta evidente».

Respecto a la intervención del abogado en el programa ‘La Jungla’, la sentencia dice que «no puede entenderse» cómo, en este espacio radiofónico, llegara a «involucrar al entorno familiar» de la magistrada «haciendo referencia a su hija, menor de edad», de una forma que no tenía «más justificación que causar intranquilidad» en la jueza.

«Tras el análisis ya efectuado, en ningún caso se constata que sus intervenciones sean veraces de explicaciones de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por la magistrada en su función de magistrada», recalca el texto judicial, que descarta también las actuaciones de Díez ahora cuestionadas se circunscriban a «su posición de portavoz legal de las víctimas de Kote Cabezudo y a su compromiso inquebrantable de defenderlas y protegerlas hasta sus últimas consecuencias».

En este sentido considera que Díez, «realiza un relato más bien fruto de una novela que de una realidad jurídica» cuando alega que eran las víctimas de Kote Cabezudo las que, «a través de él», lanzaron el mensaje en su vídeo el 8 de marzo de 2018.