Una delegación de EH Bildu, formada por Maddalen Iriarte, Nerea Kortajarena, Leire Pinedo y Mikel Otero, se ha reunido este miércoles en Gasteiz con el equipo del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para negociar las cuentas de 2023.

Según ha explicado Iriarte al término de la reunión, el grupo soberanista ha reclamado cambios estructurales en el proyecto presupuestario y la apertura de un debate sobre la fiscalidad, en el que participen todos los agentes e instituciones implicadas.

«Nos ha dicho que este no es el momento y nosotros le hemos respondido que este es el momento en todo el mundo», ha apuntado, antes de lamentar que «esta parte del país se está convirtiendo en una anomalía», ya que «en todas partes se está abriendo de una manera o de otra el debate fiscal».

«Creemos que, para hacer frente a un cambio de era, no podemos tener un sistema fiscal acordado con el PP, o realizando ahora una deflactación. Creemos que tenemos que hacer una reflexión seria sobre la fiscalidad que necesita este país para los restos que tiene en el futuro», ha manifestado.

Asimismo, ha presentado una batería de medidas concretas, valoradas en 450 millones de euros. Proponen cambios en Osakidetza, destinando un millón de euros a la creación de una unidad especializada en el tratamiento de trastornos alimenticios; y en Políticas Sociales, sumando 22 millones a la lucha contra la pobreza infantil.

En este sentido, EH Bildu apuesta por ampliar la partida de 200 euros a la crianza de los hijos e hijas hasta que alcancen la mayoría de edad; y por «garantizar unos cuidados de calidad y dignos» mediante el desarrollo del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Además, el documento recoge el «compromiso» para la creación de una Comercializadora Pública de Electricidad en el EVE y la supresión de Shesa. En cuanto a las calderas de gas, se propone una partida de 10 millones para la puesta en marcha de una línea de subvención para la sustitución por sistemas renovables.

También han planteado ampliar con 100 millones el Fondo Finkatuz; dirigir 20 millones a una línea de apoyo a los sectores comerciales y hosteleros; crear un Centro Vasco de Inteligencia Económica; e invertir 30 millones en un Plan de Choque en el sector primario.

A esto se suma la exigencia de cumplir dos acuerdos alcanzados el año pasado: la adecuación del SMI a la realidad socioeconómica de la CAV, y limitar el precio de los alquileres privados.

Elkarrekin Podemos-IU propone 511 millones más

Tras la cita con EH Bildu, Azpiazu se ha reunido con una delegación de Elkarrekin Podemos-IU, que ha reclamado ampliar el presupuesto en 511 millones de euros, que se tomarían del remanente de Lakua.

En una comparecencia ante los medios de comunicación presentes en la sede de Lakua, la portavoz de la coalición, Miren Gorrotxategi, ha explicado que ese dinero se destinaría, entre otras cuestiones, a la creación de una empresa pública de energía renovable, y a fomentar la educación pública, mediante la construcción de nuevos colegios o la publicación de centros.

En materia de salud, la propuesta es invertir 30 millones para reducir las listas de espera en Osakidetza, 30 para reforzar la Atención Primaria, 30 para ampliar la cartera de servicios de Osakidetza en atención bucodental, ginecológica, oftalmológica y salud mental y 80 para un nuevo ambulatorio en Bidasoa, un nuevo hospital en Durangaldea y para impulsar Onkologikoa.

Y en materia tributaria, se plantea que la deflactación en el IRPF se limite a los tramos bajos del IRPF y que se reduzcan los tipos también para las rentas inferiores. En el Impuesto de Sociedades se plantea subir el tipo mínimo al 25 %.

En cuanto a la respuesta del Ejecutivo, Gorrotxategi ha indicado que a Azpiazu no le parece «asumible» aumentar las cuentas, ni parece estar dispuesto a discutir medidas políticas ajenas al debate presupuestario. «Sorprende porque la actitud del PNV en Madrid es esa», ha manifestado, y ha advertido de que «lo que vale en Madrid debería valer en Euskadi».

El PP pide un «alivio» no cuantificado

Muy diferente ha sido la postura de la coalición formada por PP y Ciudadanos, que ha reclamado un «alivio» fiscal, tomando como ejemplo las medidas adoptadas por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Llama la atención que ni Carlos Iturgaiz ni Luis Gordillo han explicado en qué consisten esas propuestas, ni han detallado el impacto que tendrían en las arcas públicas. Es más, ese trabajo se lo han dejado el Gobierno autonómico, ya que, a su juicio, cuentan con «mejores datos» para poder analizar la repercusión que tendría una caída de la recaudación.

Respuesta de Azpiazu

Tras las reuniones, Azpiazu ha saludado que los tres grupos parlamentarios no hayan puesto «líneas rojas» en la negociación, aunque ha insistido en circunscribir la negociación al «marco presupuestario y al marco competencial del Gobierno Vasco».

Pese a no citarlo expresamente, esa referencia supone dejar fuera de la negociación todo lo relacionado con la política fiscal, que depende de las diputaciones forales.

Igualmente, ha echado mano del ámbito competencial para tratar de justificar que no se hayan cumplido los acuerdos suscritos con EH Bildu el pasado curso.