La Fiscalía ha solicitado al Ministerio español de Interior que le remita todas las imágenes de lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 24 personas, según informa Efe, que cita fuentes del Ministerio público.

La Fiscalía sigue practicando diligencias en el marco de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido, para lo que dispone de un plazo legal de seis meses, que se puede prorrogar.

Según avanzó anoche la Cadena Ser, la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha hecho ese requerimiento al detectar saltos temporales en las imágenes enviadas.

También el Defensor del Pueblo ha reclamado estos últimos días al Ministerio el conjunto de las grabaciones, si bien el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, ha replicado que ambas instituciones disponen de todas las imágenes y que no están editadas.

Marlaska no se plantea dimitir

«Son todas las que hay», aseguró Grande-Marlaska el pasado martes, antes de comparecer en la Comisión de gastos reservados del Congreso. Este jueves ha vuelto a insistir en que la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo tienen «desde el primer momento» la secuencia de «todas» las imágenes y ha señalado que no se plantea dimitir «en modo alguno».

El ministro ha defendido que en esos vídeos se refleja que la Guardia Civil actuó en «parámetros de legalidad y proporcionalidad y necesidad adecuadas a las circunstancias» siguiendo su orden de repeler cualquier «ataque violento a nuestras fronteras» y dentro del «respeto absoluto a los derechos humanos».

Ante la demanda de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo de más imágenes del 24 de junio por los lapsos temporales sin grabación, ha dicho que en los vídeos entregados «no hay ruptura de la grabación» porque siempre estuvo en el aire un helicóptero o un dron y ha asegurado que «desde el primer momento» pusieron a disposición de la Fiscalía como el Defensor del Pueblo «toda la documentación gráfica sobre los hechos verificados en esas horas del ataque violento».

Según fuentes de Interior, la Fiscalía ya ha autorizado a que los diputados de la Comisión puedan verl las imágenes, si bien no han podido concretar si a puerta cerrada o en abierto.

Vista con trabas

Un grupo de diputados del Congreso se desplazó el pasado lunes a la ciudad rifeña para investigar lo sucedido en junio, pero inicialmente se encontraron con que se les vetaba el acceso a la Comandancia de la Guardia Civil. Finalmente, el Gobierno rectificó y permitió que los diputados realizasen la visita tal y como estaba previsto. Allí pudieron constatar que los hechos principales ocurrieron en suelo español. «Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en la zona de control de las autoridades españolas, evidentemente», comentó a los periodistas Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos.

Un vídeo de la BBC también puso en cuestión la versión de Madrid y apuntó a la responsabilidad de las autoridades españolas en el fallecimiento de los migrantes. De acuerdo con la cadena británica, además de los 24 fallecidos habría también 77 personas desaparecidas.

El Parlamento de Gasteiz reclama una investigación independiente

El Parlamento de Gasteiz ha instado al Gobierno español a poner en marcha de forma «inmediata» una investigación independiente para esclarecer los hechos. Este emplazamiento se incluye en una enmienda acordada por Elkarrekin Podemos-IU y el PNV, y rechazada por el PSE.

A través de esta iniciativa, la Cámara autonómica expresa su condena a «la brutal actuación policial que el pasado 24 de junio provocó el fatal desenlace en la frontera de Melilla». Además, el Parlamento expresa su «total solidaridad» a las familias de las personas muertas o heridas por dicha actuación y pide la recuperación, identificación y repatriación a sus países de origen de los cuerpos de las personas fallecidas, «respetando los deseos de las familias».

También insta al Ejecutivo de Sanchez a que «active los mecanismos existentes para facilitar la asistencia sanitaria, jurídica y de acogida integral a las personas solicitantes de asilo que se encuentren en suelo español».