David Campos, abogado Guillermo Benavides, ha dicho este lunes que el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria ha realizado una audiencia especial y ha otorgado la libertad condicional adelantada al coronel condenado a 30 años de cárcel por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos los vascos Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno Pardo, y dos mujeres en 1989.

Precisó que el Juzgado dio «el beneficio de libertad condicional anticipada» a raíz de que tiene más de 60 años y por «haber cumplido un tercio de la pena».

Hasta el momento, el Órgano Judicial ni la Fiscalía General de la República (FGR) han confirmado la medida.

Este beneficio carcelario le había sido negado al coronel retirado en junio de 2021.

Masacre de 1989

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón de elite Atlacatl del Ejército salvadoreño irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinadas Elba Ramos, colaboradora de los religiosos, y su hija Celina.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, Benavides fue el encargado de trasladar la orden a los tenientes que ejecutaron la matanza, registrada en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Benavides fue condenado en 1991 a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por una ley de amnistía, pero tras su anulación en 2016 fue detenido y enviado a prisión nuevamente.

En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión de Benavides por ser un crimen de lesa humanidad, y la Asamblea Legislativa le negó en 2017 el indulto.

En marzo pasado, una corte de paz de El Salvador ordenó la detención del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por esta masacre.

En 2020, el tribunal de la Audiencia Nacional española, tras otro juicio con un solo imputado, condenó a Inocente Orlando Montano, coronel salvadoreño y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, a una pena de 133 años y tres meses de cárcel.

El resto de autores de la matanza siguen impunes.