La batalla legal iniciada por EPPK en 2017 para ir vaciando las cárceles se ha ido topando con distintos obstáculos. El último es la reversión de terceros grados, que acaba de devolver a la cárcel a Xabier Atristain, Mikel San Argimiro y Aitor Esnaola. Ostolaza explica a NAIZ la situación actual y aporta perspectiva a todo el proceso.

Conviene empezar por los números: ¿Cuántos terceros grados se han recurrido, cuántos se han anulado y cuántos se han confirmado?

Ocho presos han sido regresados a prisión; el primero fue Unai Fano, cuyo tercer grado había sido concedido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias [dependiente del Gobierno español], y los otros siete habían sido aprobados por el Gobierno Vasco. Hay diez recursos pendientes, a la espera del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Y los casos ya consolidados son 28. Matizo que hay menos presos que casos, porque en algunos se ha concedido el tercer grado por segunda vez y a la segunda sí ha sido aceptado.

¿Los casos consolidados han sido siempre tras recurso de la Fiscalía o hay terceros grados que no se recurren?

Las consolidaciones se producen bien porque no hay recurso o porque no ha sido estimado, pero diría que en torno al 80% de los casos están siendo recurridos. La excepción mayor fue con los ocho primeros casos aprobados por el Gobierno Vasco, cuando solo se recurrió el de Joseba Arregi; quizás fue porque les pilló por sorpresa o porque aún no habían decidido qué hacer. Pero luego ya está siendo sistemático.

¿Con qué argumentos recurre la Fiscalía? ¿Es uno único o diferentes?

Son diferentes pero se ciñen a un mismo punto: que no se cumple la legislación de excepción 7/2003, que todavía está en vigor hoy día y se inserta en el Código Penal. Pone unos requisitos extras a estos presos para acceder al tercer grado. Uno es el pago de la responsabilidad civil con el Estado, que se refiere a que haya una voluntad de afrontarlo mediante una cuota a su alcance. El otro es más complejo, el 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con una frase muy complicada de entender, interpretar y aplicar, que es lo que entendemos como «pedir perdón» o «colaborar con las autoridades». Lo que dice es que hay que demostrar que el preso ha dejado de pertenecer a ETA y utilizar medios violentos. Y que esto se puede acreditar de dos formas: mediante una declaración expresa del preso o mediante informes técnicos de los profesionales del centro penitenciario. Y en estos casos existen ambas cosas.

¿Y entonces?

Hay que remarcar que los terceros grados concedidos vienen de propuestas de los centros penitenciarios aprobadas por unanimidad, por todo el equipo técnico que conforman sicólogo, educador y trabajadora social. Luego se celebra la Junta de Tratamiento con el director, subdirector... y también por unanimidad se aprueba proponer la progresión a tercer grado. Y eso pasa finalmente al Departamento del Gobierno Vasco, que analiza muy detalladamente si se cumplen todos los requisitos, incluidos los excepcionales de la 7/2003. A partir de ahí, la decisión tiene que ser comunicada al Ministerio Fiscal, y es ahí donde este toma la decisión de oponerse, y entonces el caso pasa a judicializarse.

¿En base a qué? Pues a que dice que no se cumplen esos dos requisitos que ha citado: o bien la cuota que paga le parece insuficiente o bien afirma que el escrito del preso es estereotipado, es utilitarista, no es sincero... Y añade que no hay petición de perdón expreso a las víctimas, con lo que esta palabra adquiere un sentido que no es el que tiene en la ley. La palabra perdón no viene en la ley como requisito. Lo que se solicita es acreditar la posición con la declaración o bien los informes técnicos, y estas dos cosas existen. Los informes llevan a concluir que estas personas tienen una posición clara de abandono de la violencia, compromiso de futuro, y también sincera respecto a las víctimas.

El Juzgado Central (AN) acepta casi siempre esos recursos, pero por el número de casos consolidados a veces también los rechaza. En estos, ¿le dice a la Fiscalía que está pidiendo más de la cuenta?

Ocurre pocas veces y normalmente es por motivos como que el preso está ya a finales del cumplimiento de condena, o por alguna situación excepcional, pero sin cuestionar los argumentos de la Fiscalía.

Los casos de reversión de terceros grados, ¿se pueden seguir peleando judicialmente? ¿O la única opción es esperar a que desde la cárcel se vuelva a proponer el tercer grado?

Evidentemente recurrimos estas decisiones, pero eso tarda, tiene su evolución. Mientras tanto, la persona vuelve a prisión. Cada seis meses se vuelve a valorar la situación y en la nueva Junta se vuelve a proponer el tercer grado y está siendo avalado también por el Gobierno Vasco. Pero luego se puede volver a recurrir... y así podemos estar hasta que la Fiscalía quiera. Así que estos presos regresan a la cárcel con la expectativa de que posiblemente volverán a tener tercer grado, pero hay un problema de plazos, dependiendo cuándo toque que valore la Junta su caso, y sin olvidar que luego el Gobierno Vasco no tiene un plazo definido para ratificar la propuesta.

Entiendo entonces que las decisiones de la AN, aunque conlleven una descalificación clara, no están haciendo mella en las decisiones de las cárceles y de Lakua...

No, porque además las resoluciones del juez no descalifican las resoluciones del Gobierno Vasco, ni se meten con las Juntas de Tratamiento, ni dicen que los informes sean escasos... Uno va leyendo sus autos y parece que va a mantener el tercer grado porque todo es correcto, pero al final siempre meten la coletilla de que ‘no hay una petición expresa de perdón’ o similares. 

¿Existen reversiones de terceros grados en otros casos que no sean de estos presos?

Nunca. Los propios técnicos de las cárceles están diciendo que no entienden las decisiones de la Audiencia Nacional. El problema no es solo que haya una legislación especial por medio, sino de que las decisiones se toman en la AN, porque si se tomaran en el Juzgado de Bilbo, por ejemplo, como ocurre con otros presos, seguro que habría otra interpretación. En realidad, para el tercer grado basta tener cumplida media condena, buena conducta y estar clasificado en segundo grado; con eso los presos comunes lo reciben habitualmente.

Hay una afección muy clara las familias. Son personas que han vuelto a casa, muchas veces incluso conviven por primera vez con hijos o hijas que han tenido en prisión, y de repente son encarceladas de nuevo. ¿Se trasladan estos argumentos al Juzgado? ¿Y qué responde?

Lo trasladamos, pero en la Audiencia Nacional lo que buscan es una posición política. No analizan el caso concreto y menos la situación familiar, salvo algún caso muy concreto. Y sí, las familias son muy afectadas: hijos menores, también personas mayores... Pero también los propios presos, porque hay que vivir ese reingreso en la cárcel, y tampoco puedes planificar tu vida a futuro...

Hay un relato en ciertos medios y partidos de Madrid que apunta contra Lakua por estos terceros grados, pero los primeros los aprobó Instituciones Penitenciarias...

Sí. Hablar de trato de favor es falso. Como mucho podemos decir que el Gobierno Vasco está actuando correctamente, pero no a la velocidad que debería. La mayoría de los presos y presas vascas cumplen los requisitos para tercer grado y solo se han aprobado algunos casos.

¿Cómo se entiende que Instituciones Penitenciarias aprobara terceros grados y la Fiscalía los recurriera, siendo ambos entes dependientes del Gobierno?

No diría que la Fiscalía esté hoy supeditada a las decisiones del Gobierno, no es un órgano tan jerárquico como ocurría antes, y hay lobbys en la Fiscalía, en los juzgados...

Intentando interpretar todo esto, ¿con la reversión del tercer grado está poniendo pie en pared la Fiscalía para frenar futuros pasos como la libertad condicional?

Sí. Lo que están queriendo parar es todo el recorrido penitenciario. Antes tuvimos la pared del primer grado; hay que recordar que casi todos estaban ahí, en una clasificación muy dura, y no podían pasar a segundo. Luego fue el rechazo a los permisos ordinarios, que se sigue vetando en muchos casos. El siguiente escenario es el tercer grado. Y el cuarto sí sería la libertad condicional, que en realidad solo supone algo más de libertad que el tercer grado. Hay que remarcar que el tercer grado no es libertad, es cumplir prisión y tiene sus condiciones duras como dormir en la cárcel o llevar un control telemático. En realidad, ¿qué es lo que dice la ley? Que la cárcel es para reinsertarse. Y si eso es así, estas fórmulas deben tener más desarrollo.

Un ejemplo reciente es el de Egoitz Coto, que no ha recibido libertad condicional hasta pocos días antes de agotar la condena...

Sí, y muchos han acabado condena directamente desde el primer grado. No tiene sentido en términos de reinserción. Hay un prisma punitivo en el fondo; se busca castigar.