Unidas Podemos ha reclamado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a su homólogo en el Senado, Ander Gil, la suspensión inmediata del complemento económico que recibe a cargo de las Cortes Generales el exdiputado del PSOE Ricardo García Damborenea, condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey cometido por los GAL en 1983.

Así lo trasladan en un escrito dirigido a los máximos responsables de ambas cámaras los diputados Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde, que advierten de que esa prestación económica, por importe mensual de 2.063 euros, es un «ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo».

Los tres recuerdan que Damborenea estuvo implicado en los GAL y fue condenado a siete años de prisión por su implicación en el rapto de Segundo Marey, aunque no cumplió la totalidad de la pena dado que fue indultado.

Damborenea, que actualmente tiene 82 años, fue diputado del Congreso durante siete años (1982-1989) y, conforme a las normas de protección social para exparlamentarios tenía derecho a solicitar un complemento de pensión para llegar a la pensión máxima que no logra con su cotización profesional, en su caso de médico. Ese complemento mensual que viene recibiendo desde su jubilación se situaba el pasado mes de octubre en los 2.063,75 euros.

Con la crisis de 2011, el Congreso puso fin a la concesión de esta ayuda y desde entonces ya no ha habido nuevos perceptores, aunque la Cámara y sus sucesivos órganos de gobierno sí se la han mantenido a quienes la venían cobrando hasta entonces, como en el caso de Damborenea.

Ahora los parlamentarios del grupo confederal instan a reunir a las Mesas del Congreso y del Senado a la mejor brevedad posible para retirar el complemento económico a Damborenea asegurando que la concesión de esta ayuda es «discrecional» y remarcando que los hechos delictivos por los que fue declarado culpable se cometieron durante su etapa como diputado.

«Impunidad de los crímenes de Estado»

A su juicio, existe «impunidad en torno a los crímenes de Estado» y resulta necesario un «compromiso democrático por parte de los poderes públicos para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo».

Finalmente, consideran también fundamental que se modifique la Ley de Secretos Oficiales para conocer todo lo que pasó con los GAL, de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.