El Congreso español ha aprobado este jueves noche la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca con la que se esperan recaudar, el primer año, unos 3.000 millones de euros. A lo largo de las últimas semanas, la propuesta ha sufrido diferentes modificaciones con respecto a la redacción original como el acuerdo entre el Gobierno español y EH Bildu sobre la competencia plena de las haciendas vascas para gestionar estos impuestos.

Las críticas de la oposición se han centrado en «las prisas» y la «más que probable inconstitucionalidad» de la norma. Argumentos repetidos por PP, Vox y Ciudadanos. Frente a ello, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha respondido que sí que han tenido «prisa para asegurar que aquellos que se están beneficiando, compensen y paguen a sus conciudadanos».

En la misma línea se ha pronunciado Pedro Casares, del PSOE, que ha recordado que «han pasado 10 años desde el rescate a las entidades financieras, la mayor aportación del Estado a un sector económico». «Es tiempo de que la banca contribuya», ha sentenciado.

El texto final incluye el gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, acompañado de una enmienda del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en el Estado español «tanto por entidades españoles como extranjeras», excluyendo así los intereses y comisiones que se obtengan en otras jurisdicciones.

En lo referido al gravamen energético, se excluirán los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. Además, se incluye en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.

La ley también gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos autonómicos. Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.

La gestión, de las haciendas vascas

Por otro lado, el texto ha llegado al Pleno con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu y el Gobierno español. Gracias a ello, se han blindado las competencias de las haciendas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa y serán dichas instituciones quienes gestionen los nuevos impuestos.

«La banca no ha tenido empacho en realizar 18.000 despidos desde 2019, cerrar oficinas bancarias y cobrar comisiones deshonestas. Pero luego el malo es Lucio Urtubia», ha apuntado el diputado de EH Bildu Oskar Matute durante el debate, a lo que ha añadido que «es evidente que hay que actuar. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que han ganado más y disponen de más riqueza. Porque es a esos a quienes les podemos decir parte de su riqueza para buscar una sociedad donde la igualdad sea real y la libertad, no solo la de tomarse unas cañas, sea efectiva para todos y para todas».

Asimismo, pactaron que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes.