Sin sorpresas, porque el Ejecutivo empezó el día con la mayoría suficiente atada, pero con el broche del apoyo anunciado el último momento, como ya es tradición, por ERC, el Congreso ha aprobado este jueves el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio, tras unas negociaciones en las que el Gabinete de Pedro Sánchez ha tenido que «sudar la camiseta», según ha expuesto de forma gráfica la ministra de Hacienda y Función Pública.

María Jesús Montero ha dado las gracias a los grupos que han hecho posible la tramitación del proyecto presupuestario, que ha puesto de relieve la decisiva influencia del independentismo, cuyo concurso ha vuelto a ser imprescindible para sacar a adelante en la Cámara Baja estas cuentas, que ahora deberán seguir el trámite legislativo en el Senado.

Es algo que ha ido afianzándose durante esta legislatura y que ha destacado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al declarar que «se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos». «Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado, y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas», ha expuesto en entrevista con Europa Press, donde defiende que el acuerdo alcanzado por la coalición «beneficia a las clases populares».

Lo cierto es que EH Bildu ha adquirido gran protagonismo durante toda la semana a raíz de unos acuerdos que, además de fijar el límite en la actualización de las rentas de alquiler en el 2%, y de mantener en el 15% el alza de las pensiones no contributivas, suma inversiones por más de 480 millones de euros en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria.

«Conseguir mejoras para la mayoría trabajadora»

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha dicho que en su grupo están «a gusto» y «muy satisfechos» con el acuerdo, pero rechaa que se le adjudique la categoría de socio preferente del Gobierno. «No se trata de ser socios preferentes, de lo que se trata y lo que nos mueve aquí es conseguir mejoras para la mayoría social trabajadora, y eso es lo que estamos haciendo y llevando a cabo, tampoco aspiramos a más de eso», ha respondido a preguntas de los periodistas.

Ese acuerdo, sin embargo, escuece a los sectores más ultramontanos de la derecha española, que llevan días cargando contra la coalición y contra el Ejecutivo, esgrimiendo sobre todo la transferencia de la competencia de Tráfico en Nafarroa, que deberá cerrarse antes del 31 de marzo próximo.

Sobre este traspaso, Otegi recuerda que lo único que supone es «cumplir la Ley», y acusa a la derecha española de usar «una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y hacer pensar con las tripas y no con la cabeza».

Y como queriendo darle la razón, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que esta es una «reivindicación histórica de ETA y del nacionalismo», y que supone «la antesala de la expulsión definitiva» de la Guardia Civil.

187 votos a favor

La votación propiamente dicha ha sido un mero –y largo– trámite, una vez que por la mañana el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había anunciado que su grupo iba a apoyar el proyecto de PGE. Según ha informado, a cambio de sus trece votos la formación republicana ha atado un importante número de inversiones en Catalunya, así como la paralización de los trabajos de media y alta tensión eléctrica en Girona, y la transferencia de terrenos donde hasta ahora había casernas de la Guardia Civil, entre otras medidas.

El proyecto ha acabado sumando 187 apoyos, correspondientes a PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC, permitiendo, tras el trámite del Senado, que el Gobierno tenga un final de legislatura plácido. Al menos en lo que a sus cuentas se refiere.