La Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento de Gasteiz ha aprobado este miércoles el dictamen del proyecto de Ley del Sistema Vasco de la Garantía de Ingresos y para la Inclusión que tendrá su último trámite en el pleno de la Cámara el 22 de diciembre. Han votado a favor del texto PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, que alcanzaron un acuerdo antes de comenzar los debates oficiales.

EH Bildu se ha abstenido, en lo que Nerea Kortajarena ha definido como una «abstención crítica», puesto que ha asegurado que nunca pondrá obstáculos a mejorar la situación de las personas más vulnerables, aunque esos pasos sean pequeños, pero ha destacado que se ha perdido una oportunidad, puesto que esta ley «protege por debajo de nuestras posibilidades y nuestras necesidades», dada la negativa a «incrementar las inversiones para reforzar el sistema».

Carmelo Barrio, de PP+Cs, ha recordado que su grupo no presentó enmienda a la totalidad del proyecto de ley remitido por la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, porque estaban de acuerdo en parte de ella, aunque sí registraron algo más de ochenta enmiendas parciales para «mejorar» el texto. Sin embargo, el acuerdo alcanzado por PNV y PSE con Elkarrekin Podemos-IU ha «empeorado» la ley, por lo que ha expuesto que ahora sí habría presentado esa enmienda a la totalidad. En consonancia con esa nueva evaluación, ha votado en contra del dictamen.

También Vox está en contra y de hecho formuló en su momento una enmienda a la totalidad, pero la única representante de este partido de extrema derecha no ha participado este martes en la reunión de la comisión.

Los partidos del Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU han defendido el contenido de la ley, que han considerado un avance sobre lo existente y, en buena medida, incluso sobre el proyecto que en la legislatura pasada presentó Beatriz Artolazabal, consejera a la que correspondía la RGI. También desde EH Bildu se ha considerado que la ley de Mendia era mejor que la de Artolazabal.

David Soto, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, ha destacado que su grupo haya podido mejorar la ley cuando en frente tenía un Gobierno de coalición con mayoría absoluta. Ha destacado la reducción de requisitos para que los jóvenes entre 18 y 23 puedan acceder a la RGI, las rebajas en las peticiones de tiempo de empadronamiento para determinados sectores vulnerables y el que se haya establecido un criterio objetivo para fijar cada año la cuantía a percibir. En resumen, ha asegurado que esta es una reforma extensiva en derechos y más garantista.

EH Bildu ve carencias

Desde EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha agradecido el espíritu y la tranquilidad que ha habido en el debate de esta ley. Por su parte, también PNV y PSE han destacado el trabajo realizado por la izquierda independentista en el intento de mejorar la norma, aunque solo se hayan aprobado finalmente 9 de las 116 enmiendas presentadas.

Kortajarena ha recordado que aunque se posibilita el cobro de la RGI a quienes tienen entre 18 y 23 años, se les exige el requisito de «vida independiente, que solo pueden acreditar aquellos que tienen recurso y no necesitan la RGI». En cuanto al indicador para fijar la cuantía, EH Bildu critica que se utilice un índice estatal y se le haya añadido otro vasco que deja fuera un gasto tan importante para las personas vulnerables como es el de la vivienda. Este grupo defiende que se emplee la encuesta de evaluación de la pobreza que realiza el propio Gobierno de Lakua.

Además, EH Bildu critica que se mantengan algunas de las medidas endurecidas de la mano del PP en 2012, como el empadronamiento durante tres años o que no se haya querido dar el paso de tramitar de oficio la prestación a los pensionistas. Kortajarena también ha apuntado que se han quedado fuera quienes viven en situación de exclusión y sin vivienda, y a los usuarios servicios residenciales de carácter social, sanitario o sociosanitario.

Ademas, ha subrayado que se permite que más de una unidad convivencial perciba la RGI en una misma vivienda, pero reduciendo su cuantía en un 15%, y se pierde la posibilidad de individualizar las prestaciones, lo que era importante desde una perspectiva feminista.

En opinión de EH Bildu, los partidos del Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU «han optado por aprovechar los 187 millones de euros extra procedentes de Madrid para financiar el Ingreso Mínimo Vital para reducir la inversión propia de Lakua» en esta materia. La propuesta de la izquierda independentista es  «aumentar los recursos para reducir la pobreza, para proteger más y mejor, para garantizar unas vidas dignas a través de esa protección, porque tenemos la posibilidad de hacerlo sin que eso signifique un descalabro presupuestario».