La Justicia británica ha reconocido la inmunidad a Juan Carlos de Borbón hasta la abdicación ante la demanda de Corinna Larsen. En su resolución, el tribunal ha admitido el recurso de casación que presentó el rey emérito y ha concluido que «a pre-abdicación» del Borbón es «inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país».

La decisión tiene lugar después de que el pasado 8 de noviembre los abogados del rey emérito presentaran ante la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales los argumentos por los que consideraban que debía revocarse la decisión inicial del juez Mathew Nicklin de no reconocer inmunidad ninguna a Juan Carlos de Borbón por el presunto acoso denunciado por Corinna Larsen, poniendo el foco precisamente en que si, según ella ,el CNI participó en los hechos por orden del entonces monarca, serían «actos soberanos» e inmunes.

«La apelación estableció su petición de inmunidad funcional (...) y el juez se equivocó al concluir lo contrario. La excepción en la sección 5 SIA no se aplica. Por consiguiente, la conducta preabdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país», señala en su decisión la autora del dictamen, Ingrid Simler.

Los otros dos jueces de ese tribunal de apelaciones de la Queen's Bench Division, Eleanor King y Andrew Popplewell, concurrieron con la decisión.

La decisión enmienda el dictamen del Tribunal Superior de Londres, que el pasado marzo dictaminó que Juan Carlos I no tenía inmunidad entre los años 2012 y 2020, el periodo que Corinna le acusa de haberla acosado personalmente o a través de personas de su entorno.

Pese a que el juicio se llevará a cabo, presumiblemente a mediados del año que viene, el dictamen de este martes dejará fuera del proceso algunas de las acciones más perjudiciales para la causa del emérito, sobre todo referidas a las supuestas maniobras de acoso y espionaje dirigidas por el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán.

Como recoge el documento publicado, Sanz Roldán «de abril a junio de 2012, actuando bajo la dirección o el consentimiento del acusado, coordinó una operación secreta para entrar y registrar la oficina y el apartamento de la demandante en Mónaco», para lo que contó con la cobertura de una compañía de seguridad monegasca y agentes del CNI.

De igual forma, quedarían fuera del juicio las amenazas que supuestamente profirió el general contra la mujer en un hotel de Londres el 5 de mayo de 2012.

Al interpretar que esas acciones fueron ejecutadas por Sanz Roldán «bajo la dirección o con el consentimiento» del emérito, el tribunal considera que «fuese cual fuese su supuesta motivación privada o inapropiada», lo que «debería haber llevado inevitablemente a la conclusión» de que esos hechos quedaban sujetos a la inmunidad del soberano.

La decisión se apoya de forma decisiva en la sentencia sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando quedó estipulado que «la inmunidad es la del Estado, y por tanto solo puede ser suprimida por el propio Estado».

Inmunidad «muy limitada»

Tras conocerse el fallo, la defensa de la examante de Juan Carlos de Borbón, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ha subrayado que la inmunidad concedida solo «afecta a un asunto muy limitado».

En un comunicado, Michael Kim, del despacho Kobre & Kim, se ha felicitado por que la demanda «pueda progresar ahora hacia un juicio en el Tribunal Superior de Londres», y ha recordado que la «mayor parte de la demanda, a partir de 2014, no se ve afectada y debería ir a juicio».

En su opinión, la demanda de su representada conlleva «acusaciones muy graves de un acoso que prosiguió a lo largo de mucho tiempo, y que será examinado en detalle cuando el juicio tenga lugar».